La Justicia Federal realizó cinco allanamientos en el marco de una investigación sobre el astillero Tandanor. Se secuestraron 367.110 dólares, documentación y dispositivos electrónicos. La causa, que comenzó como una auditoría administrativa, ahora investiga un posible cohecho.
La Justicia Federal ordenó cinco allanamientos simultáneos, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata, ejecutados por la Policía Federal. Durante los operativos se secuestraron 367.110 dólares, que estaban ocultos en un domicilio particular y en una caja de seguridad en el microcentro porteño.
La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, apunta a Julio Eduardo Gallé, gerente comercial de Tandanor, designado por Nicolás Posse. Se investiga si Gallé exigió un pago indebido al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, para condonar una deuda de aproximadamente 200 mil dólares que la empresa mantenía con el astillero. La maniobra, según las primeras hipótesis, ascendería a 220 mil dólares.
Entre los elementos incautados se halló un recibo manuscrito por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos, además de cartas documento, contratos, extractos bancarios y dispositivos electrónicos. Estos elementos transformaron la causa en una investigación por cohecho.
La causa se originó en una auditoría interna realizada tras el recambio de autoridades en Tandanor. Las irregularidades fueron denunciadas por la propia empresa, lo que derivó en la intervención de la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.
Con la llegada de Ana Laura Hernández a la presidencia, el astillero sufrió una reestructuración que incluyó despidos, la incorporación de directores con salarios elevados y la desarticulación de la Gerencia de Control de Gestión. Esta decisión provocó el alejamiento de Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina, por diferencias con la gestión.
Además, se especula sobre un posible interés inmobiliario en los terrenos del astillero, que ocupa más de 30 hectáreas frente al desarrollo Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. Tras la salida de Hernández, Mauricio González Botto, vinculado a Posse, asumió la dirección. La Justicia continúa investigando los hechos.