La nueva normativa CS/CS/CS/SB 290, vigente desde el 1 de julio de 2026, establece sanciones penales para quienes reciban o brinden asistencia no autorizada durante los exámenes para licencias de conducir comerciales en Florida. Además, autoriza al Servicio Forestal a cubrir los costos de los trámites para su personal.
La legislatura de Florida aprobó la reforma legal CS/CS/CS/SB 290, que modifica el proceso de obtención de licencias de conducir comerciales (CDL) en el estado. La normativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis, entró en vigor el 1 de julio de 2026 y establece sanciones penales para ciertas conductas durante los exámenes.
La ley tiene como objetivo combatir el fraude en las pruebas teóricas y prácticas, y elevar los estándares de seguridad vial para conductores de camiones y autobuses. La Cámara de Representantes la respaldó con 94 votos a favor, mientras que el Senado estatal la aprobó por unanimidad con 38 votos positivos.
Conductas penalizadas
Según el texto de la ley, los aspirantes a una licencia comercial que reciban asistencia no autorizada durante la prueba de lectura de señales de tránsito o en la sección teórica sobre leyes viales y normas de conducción bajo efectos de sustancias cometerán un delito menor de segundo grado. Las penas incluyen prisión y multas conforme a los estatutos penales de Florida.
La normativa también sanciona a cualquier persona externa que brinde ayuda no autorizada al solicitante, como facilitar respuestas o colaborar en el fraude del examen. Esta conducta se califica igualmente como delito menor de segundo grado.
Beneficio económico para el Servicio Forestal
La reforma incluye una disposición que autoriza al Servicio Forestal de Florida a cubrir los costos de los exámenes y renovaciones de licencias comerciales para sus empleados cuyos puestos requieran operar equipos que demanden dicha credencial. El departamento puede asumir estos gastos según la disponibilidad de recursos y las decisiones internas de sus directores, aunque no constituye una obligación legal.
Además, la ley faculta al comisionado del departamento para reorganizar las unidades internas de la institución con el fin de optimizar la administración y el control de los servicios estatales.