La Cámara de Diputados de Santa Fe tratará esta semana dos proyectos con preferencia: el procedimiento contencioso administrativo y la declaración de territorio libre de discursos de odio. Ambos temas fueron aprobados por el Senado y presentan posturas divergentes entre los bloques.
La agenda de la Cámara de Diputados de Santa Fe incluye, entre los proyectos con preferencia, dos temas que generan controversia y cuya definición resolverá el interbloque de Unidos en reunión plenaria, previa a las reuniones de las comisiones centrales del cuerpo: Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Se trata de la norma que definirá los alcances del proceso en lo contencioso administrativo y la iniciativa originada en la Mesa del Diálogo para declarar a Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
Sobre el procedimiento contencioso, la Legislatura discute en base a un mensaje del Poder Ejecutivo. Primero, Diputados votó por unanimidad un texto fruto del trabajo de las comisiones. Luego, el Senado votó otro texto, también por unanimidad. Ahora, la Cámara Baja debe definir si respeta el acuerdo interno que le valió la unanimidad o acepta la reforma del Senado. En el medio, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, solicitó que se escuche la postura de ese municipio, uno de los más implicados en dicho fuero. Javkin avala el proyecto votado por el Senado y dio explicaciones ante integrantes de la Cámara Alta, entre ellos el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.
La ley de procedimiento completa el cuerpo legal emanado desde el Ejecutivo para darle un nuevo contenido al fuero, especialmente después de la sanción de la reforma de la Constitución. Ya hay Código del fuero, otra ley creó el Colegio de jueces y hasta el viernes se inscriben en el Consejo de la Magistratura los postulantes a ocupar las vacantes. Todas las demandas contra el Estado se tramitarán ante el fuero.
En cuanto al proyecto sobre territorio libre de discursos de odio, hay posturas contrarias del bloque Somos Vida, que conduce Amalia Granata, y de algunos sectores del justicialismo, como Miguel Rabbia. La iniciativa fue presentada por la Mesa del Diálogo en sintonía con la ordenanza ya dictada en la ciudad de Santa Fe. El Senado lo votó en forma inmediata por unanimidad y Unidos le dio dictamen en dos comisiones, en una de ellas acompañado por la justicialista Celia Arena.
La libertaria Silva Malfessi es quien más ha expuesto su rechazo al proyecto y lo vinculó a la posibilidad de que haya censura desde el Estado santafesino al darle herramientas en la ley para que pueda ser sancionado el que opina diferente. Postura similar expresó Rabbia y, en la última sesión de la Cámara, Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) advirtió sobre lo peligroso de la norma cuando un legislador oficialista refutó su postura sobre temas electorales.
El artículo 2 del proyecto define: “A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital- que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas”.
En el artículo 4 se incluye en el Código de Convivencia el artículo 62 bis con la siguiente redacción: “Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio serán reprimidos con una multa de hasta 60 jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos. Para la ejecución de la instrucción o el abordaje, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura o el que en el futuro lo reemplace”.
Otras preferencias
Otros tres proyectos de ley tienen también tratamiento preferencial esta semana. Uno, del jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco, crea la estructura tarifaria llamada “Tarifa de Movilidad Eléctrica” de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en instalaciones de usuarios encuadrados como pequeñas demandas residenciales y no residenciales (comerciales, industriales, generales y de servicios), tanto en el ámbito urbano como rural. Blanco enmarca el proyecto en la Ley Provincial N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia.
En tanto, un tema encabezado por Granata, pero con otros ocho proyectos sobre la materia, apunta a crear un sistema digital para el control y responsabilidad alimentaria de funcionarios públicos. El quinto proyecto es una iniciativa de Beatriz Brouwe (Unite) para la promoción y apoyo a la industria audiovisual “Santafecine”.
Sesión conjunta
Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a una sesión conjunta con dos temas en agenda. Por un lado, votar acerca de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Verónica Ballari. Por el otro, resolver la situación del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, quien ya fuera suspendido por la Legislatura. El proceso disciplinario contra el funcionario del MPA abarca presuntas causales de mal desempeño e irregularidades, entre las que se incluyen una causa por simulación de robo / tentativa de estafa a una compañía de seguros y denuncias posteriores sumadas al expediente.
Rodríguez y Barros ya hizo su descargo ante la Comisión de Acuerdos y este jueves se resolverá su situación. El designado instructor de la causa, el diputado Marcos Corach, propondría la destitución y tendría el aval de varios sectores políticos.
11 pliegos para el MPA
Este jueves está convocada la Asamblea Legislativa para considerar once postulantes al Ministerio Público de la Acusación, que no tenían mayores objeciones, así como un pliego para juez penal. Los casos de fiscales son todos adjuntos subrogantes, varios de ellos para la regional con cabecera en Reconquista. En el caso del pliego de juez, el Ejecutivo propone a Leandro Maximiliano Martín como juez penal de segunda instancia para los tribunales de Venado Tuerto.
Para la Regional I del MPA, el Ejecutivo propone a Luciana Violeta Chiavarini, quien hoy ejerce ese cargo en Reconquista. Para la Regional III, los nombres son Adolfo Germán Pisani y Antonela Santamaría. Para la Regional IV, Juan Pablo Malberti, Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arraga y Eduardo Sequeira Alegre. En tanto, para la Regional V los propuestos son Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.