Un relevamiento del Cels y otras organizaciones documentó violencias y falta de perspectiva de género en la detención y encarcelamiento de mujeres por delitos asociados al crimen organizado en Argentina, Colombia y México.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), junto con Dejusticia, CEA Justicia Social, Mujeres Libres, Elementa DDHH, la Red Internacional de Mujeres Familiares Privadas de la Libertad (RIMUF) e IDPC, presentó el informe “Castigo extra. Violencias hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado”. El estudio se basó en más de 40 entrevistas a mujeres encarceladas, liberadas y familiares en Argentina, Colombia y México, realizadas entre julio y diciembre de 2025, además de entrevistas a operadores judiciales, de salud y defensores.
El informe indica que la cantidad de mujeres detenidas por delitos relacionados con el crimen organizado en la región creció un 212% entre 2000 y 2024. Las organizaciones atribuyen este aumento al “despliegue de políticas de drogas punitivas que persiguen, de manera desproporcionada, a mujeres provenientes de contextos caracterizados por la falta de oportunidades, que sufren violencia de género y son discriminadas en el acceso a la justicia”.
Entre las vulneraciones documentadas se encuentran capturas realizadas con violencia y sin garantías judiciales, agentes que no se identificaron ni presentaron órdenes de detención, manipulación de evidencia, violencia física, verbal y sexual, y amenazas contra las familias. Las mujeres detenidas son aisladas por períodos prolongados y sometidas a vigilancia constante, sin privacidad en el baño, en encuentros con defensores o durante visitas familiares. También se reportaron casos en los que hijos e hijas fueron amenazados o agredidos durante las detenciones, incluso con armas de fuego apuntando a los infantes.
El estudio identifica dos causas principales de la discriminación hacia las mujeres: la falta de perspectiva de género en el diseño y despliegue de las políticas contra el crimen organizado, y la aplicación de estas políticas sin fundamento normativo claro, con criterios específicos o como sanción disciplinaria dentro de las prisiones.
Macarena Fernández Hoffmann, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Cels y coordinadora de la investigación, señaló que estos regímenes aíslan a las personas “dentro de su celda, con muy poca salida al espacio común y con ningún contacto con el afuera de la cárcel”. Agregó que esto implica la falta de educación y trabajo, y limitaciones en el contacto con las familias, tanto en llamadas como en visitas. Mencionó que las mujeres no pueden abrazar a sus hijos durante las visitas ni tener a sus bebés junto a ellas.
Situación en Argentina
Para el reporte sobre Argentina, se entrevistó a cuatro mujeres privadas de su libertad en Rosario y a nueve familiares de Rosario y Buenos Aires. En 2020, había 1.283 mujeres presas por delitos relacionados con el crimen organizado; en 2024, la cifra ascendió a 1.909.
Santa Fe aprobó una Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que estableció un régimen para “internos de alto perfil”. Esta categoría incluye a quienes hayan estado o estén en contacto con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, y a quienes tengan indicios de fuga, violencia, resistencia a la autoridad, participación en motines o tumultos. El Ministerio de Seguridad Nacional, por su parte, creó el Sistema Integral de Gestión para Personas de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, que abarca a quienes intimidan a funcionarios penitenciarios o entorpecen investigaciones.
Según el Sistema Penitenciario Federal, 132 personas están sometidas al régimen de alto riesgo, de las cuales 74 tienen condena; más del 60% están detenidas por delitos relacionados con drogas. La autoridad nacional no aportó información sobre mujeres. El sistema penitenciario de Santa Fe informó 607 personas clasificadas como “alto perfil”, 55 de ellas mujeres, sin precisar los delitos.
El informe señala que “ninguno de los dos regímenes hace públicos los criterios de inclusión” y que, aunque fueron creados para albergar a vinculados con el crimen organizado, “es posible encontrar allí a personas acusadas de delitos como homicidio y hurto no relacionados con estructuras delictivas”.
En el régimen federal y provincial, las celdas son individuales con vigilancia permanente durante 20 o 22 horas diarias. En Santa Fe, los hijos menores de seis meses pueden permanecer con sus madres, pero sin acceso a otros espacios del establecimiento. Los niños mayores de seis meses no pueden ser alojados con ellas. Las condiciones materiales de detención son graves, con celdas en mal estado y presencia de roedores. Está prohibido tener celulares, libros, radios, cuadernos, fotos familiares y elementos lúdicos para los niños.
Las mujeres no pueden participar en actividades como talleres, trabajos o clases. Solo pueden salir de las celdas en grupos de tres a cinco personas durante dos o cuatro horas, para ir al baño, ducharse, cocinar, comer y hacer ejercicio, siempre escoltadas por personal encapuchado y sin identificación visible. El informe también documenta deficiencias en el acceso a la salud, como la exigencia de solicitudes por escrito y la falta de personal de pediatría.
Hoffmann relató el caso de una mujer detenida que dio a luz prematuramente y no pudo permanecer en el hospital con su bebé. El bebé fue llevado al penal, donde no recibió los controles adecuados; la madre finalmente decidió separarse de él para que su familia lo cuidara.
El estudio refiere que el personal penitenciario retira a los niños sin previo aviso y realiza requisas repetitivas y violentas en su presencia, llegando a pedir a las madres que les quiten el pañal a los niños para inspeccionarlos, bajo amenaza de sanción si se negaban.
El contacto con el exterior está restringido: las mujeres pueden acceder a 20 minutos semanales de llamada telefónica en horario rotativo, a menudo incompatible con las rutinas de sus familiares. Las visitas son de media hora por quincena, limitadas al núcleo familiar y a través de vidrios blindados o rejas; solo se permite contacto físico con hijos menores de cinco años. Las visitas deben ser autorizadas, pero la falta de información clara sobre los requisitos provoca que algunas mujeres pasen meses sin recibir visitas. También se reportaron suspensiones arbitrarias de visitas. Las mujeres no pueden recibir encomiendas; solo existe un sistema de transferencia de dinero considerado poco transparente.
En cuanto a la defensa, el informe indica que fue deficiente, ya que no se informaba adecuadamente sobre cada etapa del proceso penal. “La mayoría de los defensores se limitaban a recomendar que aceptaran los cargos para acceder a beneficios y juicios abreviados, y evitar sanciones más graves”.
Motivaciones y roles en el crimen organizado
El informe documenta diversas motivaciones para el ingreso y roles dentro de las estructuras criminales: coerción por parte de hombres (en su mayoría parejas), cercanía a mercados ilícitos por lazos familiares o uso de drogas, falta de oportunidades y búsqueda de emancipación o mayores ingresos. Los roles varían desde limpieza y cuidado, gestión de personal, transporte de mercancías y mensajería, hasta administración de puntos de venta, manejo de negocios periféricos, espionaje y sicariato. Los casos de mujeres con altos cargos son excepcionales.
Hoffmann afirmó: “Te encontrás con personas que tienen relaciones con organizaciones criminales, otras que no y otras que tienen algún tipo de relación familiar, pero eso no significa que estén involucradas directamente. Tener alguna relación familiar ya te hace pasible de entrar en estos regímenes. Y esto es bastante discrecional”. También sostuvo que “estas medidas ponen en suspenso ciertos derechos y tienen una forma de recaer que es peor para las mujeres. Por eso decimos que configuran un castigo extra”.
Consultada sobre las causas de esta situación, Hoffmann explicó: “Las mujeres, aun aquellas que ocupan un lugar importante o con cierto poder dentro de las organizaciones criminales, suelen tener menos capacidad de defensa, suelen estar en lugares más vulnerables que los hombres y eso hace que, al momento de la defensa y de la seguridad dentro de la cárcel, queden mucho más expuestas y sufran diferentes violencias. Muchas veces se usa a los hijos como forma de extorsión para que se declaren culpables o los mismos hijos sufren violencia directamente en el momento de la detención”.
Sobre los lazos sociales, Hoffmann indicó: “La definición del crimen organizado no es un hecho, sino que tiene que ver con formas de relacionarse para cometer ilícitos y obtener ganancias a partir de ello. Y esto se ve claramente en la aplicación del castigo. Muchas veces son las relaciones las que están criminalizadas, por ejemplo las relaciones familiares. Y muchas veces son las mujeres las que quedan más expuestas porque son las que quizás están sosteniendo ese lazo familiar y los lazos comunitarios. Entonces, en el momento de intervención en los territorios, ellas son las que primero se ven, las que suelen quedar a la vista cuando se perciben las relaciones entre las personas. Y el castigo lo que busca es justamente cortar ese lazo social. Es un castigo de aislamiento total”.
Hoffmann también señaló: “Muchas veces hay delito, no es que no, lo que marco es el enfoque que tiene esta política criminal. El narcotráfico suele generar muertes y destruir también el tejido social, con lo cual de alguna forma puede ser necesaria la aplicación de medidas excepcionales. El problema es que es un ‘vale todo’. Respecto al encarcelamiento, hay algunas cuestiones que es muy importante que estén moduladas, como la proporcionalidad y la transparencia. Pero no es lo que pasa”.