El Poder Judicial de Estados Unidos confirmó el acuerdo alcanzado en mayo entre Federico “Fred” Machado y la fiscalía federal, en el que admitió su culpabilidad por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.
El Poder Judicial de Estados Unidos confirmó el acuerdo alcanzado en mayo entre Federico “Fred” Machado, financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, y la fiscalía federal. En dicho acuerdo, Machado admitió su culpabilidad por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.
Según publicó La Nación, la decisión fue tomada por el juez del Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas, Amos L. Mazzant, y confirma el acuerdo alcanzado con la fiscal Heather Rattan y avalado por el juez Don D. Bush en mayo pasado.
Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentra la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert, realizada a través del Bank of America y vinculada a una aeronave de la empresa Wright Brothers Aircraft Title. Dicha empresa pertenecía a la socia de Machado, Debbie Mercer Erwin, desde cuya cuenta salió el pago de 200.000 dólares para Espert. Mercer Erwin fue condenada por la misma trama a 16 años de prisión, incluyendo el delito de narcotráfico además de lavado y fraude.
En el caso de Machado, asistido por el abogado neoyorquino Alex Spiro, el acuerdo con la fiscalía lo desvincula de los cargos por narcotráfico internacional, que tienen penas mínimas obligatorias de hasta diez años, y deja firmes los delitos de lavado y conspiración, que tienen pena máxima de 20 años de prisión, 3 de libertad vigilada y multa de 250.000 dólares, aún pendiente de definición.
La decisión del juez Mazzant confirma la culpabilidad de Machado y ahora comienza el proceso para fijar la pena. El magistrado dejó abierta la fecha para fijar el monto de la condena hasta revisar los antecedentes y circunstancias del caso.
Avanza la causa federal contra Espert
En paralelo, en Argentina, Espert continúa investigado por el fiscal federal Fernando Domínguez por la transferencia de 200 mil dólares que figura como prueba en la causa de Texas. A principios de julio, el exdiputado nacional de La Libertad Avanza se presentó ante el juzgado federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, para ser indagado en la causa por presunto lavado de dinero.
Por consejo de su defensa, Espert se negó a declarar y presentó un escrito con documentación, además de solicitar que el juez reasuma la conducción de la investigación. “No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez”, dijo Espert a la prensa aquel día. Aunque tampoco respondió preguntas ante el juez.
“No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”, sostuvo en un comunicado posterior difundido por su abogado defensor.
Conforme a los datos del expediente, los 200 mil dólares que recibió provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title, aunque Espert había asegurado públicamente que provenían de un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala.
La Justicia mantiene la investigación sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.
Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia, medida ratificada por la Cámara de San Martín, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas.