El oficialismo impulsa en el Senado un proyecto que elimina las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Un informe del Observatorio de Tierras detalla la situación en las provincias del litoral del río Paraná, incluyendo el departamento santafesino de Garay.
El oficialismo libertario intentará tratar en la sesión del Senado prevista para el próximo jueves el proyecto denominado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada». El proyecto elimina las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros establecidas por la Ley de Tierras de 2011 (26.737).
Un informe del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA), analiza la situación de la propiedad extranjera a lo largo del río Paraná. El informe, titulado «El Paraná en venta», señala que en Misiones, Corrientes y Entre Ríos se encuentran algunos de los departamentos con mayor porcentaje de hectáreas en manos foráneas.
El mismo Observatorio mencionó en un informe anterior a la provincia de Santa Fe. En el departamento Garay, el 16% de su superficie está en manos de personas o empresas extranjeras, superando el límite del 15% que establece la ley vigente. Garay se extiende en una superficie de 391.776 hectáreas, de las cuales 61.629 son propiedad de extranjeros. La mayor parte de esas extensiones corresponden a emprendimientos arroceros y ganaderos en la zona de Colonia Mascias. Los capitales estadounidenses suman el 94% de todas las tierras en manos foráneas del departamento.
El informe destaca que el río Paraná es la principal vía troncal navegable del país, por donde sale cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, aceites y derivados, el 95% del transporte en contenedores y la totalidad de los envíos de la industria automotriz. También es un reservorio de biodiversidad y fuente de sustento de comunidades de pescadores artesanales.
El proyecto oficial, además de la Ley de Tierras, modifica las leyes de expropiaciones (21.499), desalojos (17.454), regularización para la integración socio urbana (27.453) y manejo del fuego (26.815).
Según el informe, en Misiones la extranjerización alcanza el 11,29% del territorio (más de 325.750 hectáreas), con predominio del capital chileno (ocho de cada diez hectáreas). La empresa forestal chilena Arauco, a través de sociedades vinculadas, es propietaria de más de 240.000 hectáreas. En el departamento Iguazú, el porcentaje de superficie rural en manos extranjeras alcanza casi el 40%.
En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial (unas 554.000 hectáreas). El capital estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400), el holandés (72.000) y el luxemburgués (69.400). El capital estadounidense se concentra en la agricultura de gran escala orientada al arroz, en departamentos como Mercedes, donde suma más de 47.500 hectáreas.
En Entre Ríos, la extranjerización es del 3,23% del territorio (unas 247.000 hectáreas). El capital uruguayo encabeza con más de 44.000 hectáreas, seguido por el italiano (40.700), el holandés (36.000), el español (34.600) y el francés (28.500). Los departamentos con mayor extranjerización son La Paz (8,76%) y Gualeguay (8,57%), ambos sobre la cuenca del Paraná.
El investigador Pablo Volkind, doctor en Historia de la UBA y coautor del informe, afirmó que «el control que tienen muchos capitales extranjeros de las zonas ribereñas en Corrientes es muy importante y en Santa Fe también, aunque el registro sea menor». También señaló que «el problema no es solamente de control del Paraná en sí como río, sino el acceso a ese río y lo que se exporta a través de ese río». Respecto a la privatización de la Hidrovía, mencionó que está «estrechamente vinculada con este proceso de extranjerización de los recursos y de las zonas estratégicas».
El informe también menciona la situación de los puertos en Santa Fe, donde se detectaron problemáticas vinculadas con los controles portuarios y el peso del capital extranjero.
Instituciones académicas y organizaciones sociales convocan a movilizarse el próximo 6 de agosto al Congreso Nacional, fecha en que el Senado tratará el proyecto.