La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pedido incluye la revisión de la condena en la causa Vialidad y la suspensión de la inhabilitación perpetua para cargos públicos.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pedido incluye una revisión integral de la condena por la causa Vialidad y la revocación de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta por el Poder Judicial argentino.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. Valim declaró: «Esta comunicación individual no es un acto de agresión a Argentina o su sistema judicial. Es un hecho natural, previsto en la Constitución Nacional. Estamos aquí planteando que se respeten los derechos de una ciudadana de Argentina, no es un tratamiento de excepción».
El abogado brasileño, que integró el equipo que defendió a Lula Da Silva en la causa Lava Jato, explicó que la decisión del Comité es vinculante para Argentina.
Los abogados solicitaron tres medidas cautelares. La primera: suspender la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Marcelo Giménez Uribiru del Tribunal Oral Federal 2. La segunda: restablecer la integración legal de la Corte Suprema, que actualmente cuenta con tres miembros en lugar de cinco. La tercera: modificar el régimen de prisión domiciliaria, incluyendo la remoción de la tobillera electrónica, la eliminación de restricciones de visitas, el acceso al aire libre y un trato igualitario respecto de otras personas en prisión domiciliaria. También pidieron que no se responsabilice a la ex presidenta por manifestaciones frente a su domicilio.
El proceso prevé un primer filtro del Comité para verificar la existencia de elementos pasibles de reclamo. Luego, el caso será evaluado por el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones, que decidirá si se transmite al Estado argentino para observaciones.
Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Supremo de España y ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmó: «He encontrado tantísimas violaciones y arbitrariedades» en el proceso. También señaló que Cristina Kirchner «ha conocido cuatro instancias y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez».
Rafael Valim sostuvo que «jamás podría haber sido condenada por los hechos imputados» y agregó: «Si tomamos en serio esta condena, ningún presidente en Argentina va a quedar libre después de su mandato».
La comunicación denuncia la presunta violación de ocho artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos el derecho a votar y ser elegido (artículo 25), el derecho a un juicio justo (artículo 14), la garantía de tribunal competente e imparcial (artículo 14.1), la presunción de inocencia, el derecho a defensa, la revisión de la condena, la prohibición de doble juzgamiento y el derecho a un recurso efectivo.