El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente ligadas a la investigación por $LIBRA y pidió información a plataformas de intercambio para identificar a los titulares.
La investigación por la criptomoneda $LIBRA sumó una nueva medida judicial. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió congelar decenas de billeteras virtuales presuntamente relacionadas con la maniobra que se investiga y ordenó que distintos exchanges internacionales aporten toda la información disponible para identificar a las personas detrás de esas cuentas.
La resolución fue dictada a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano, respaldado por un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Ese trabajo reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas «Team Libra Wallets» hasta distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.
Para el magistrado, existen elementos suficientes para avanzar con esta medida cautelar, ya que consideró acreditadas «la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora». Según sostuvo en el fallo, el objetivo es preservar los activos para garantizar una eventual ejecución de derechos y un posible decomiso de bienes vinculados al delito, evitando que se consolide «el producto o provecho obtenido de manera ilícita».
El informe técnico incorporado al expediente reconstruyó el camino seguido por los fondos. De acuerdo con la resolución, el análisis detectó una «secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain» relacionada con billeteras identificadas como parte del «Team Libra». Esos activos fueron distribuidos hacia diferentes direcciones que luego funcionaron como nodos de concentración antes de llegar a exchanges internacionales.
Además, el documento concluyó que fue posible reconstruir una secuencia de movimientos que comenzó en las Team Libra Wallets y continuó por distintas direcciones intermedias hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance. También señaló que los elementos reunidos permitieron establecer una vinculación transaccional entre todas las direcciones analizadas dentro de una misma estructura financiera investigada.
Otro de los puntos destacados del fallo se refiere a una presunta maniobra de «pitufeo digital» o «smurfing». Según el resumen del informe policial realizado por el juez, una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada comenzaron a repartirse entre múltiples billeteras con el objetivo de dificultar su rastreo.
La resolución explica que esa estrategia consistió en «la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP), con la finalidad de liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo». El fallo agrega que se desplegó una estrategia de estructuración para fragmentar los movimientos y complicar el seguimiento de los fondos.
Al repasar el objeto de la causa, el juez recordó que la investigación busca esclarecer las circunstancias vinculadas con el lanzamiento y la promoción del criptoactivo $LIBRA. En ese marco, mencionó que el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto junto con el contrato para adquirir el token.
Según surge del expediente, tras esa publicación el valor del activo pasó de 0,01 dólares a casi 5 dólares, aunque horas más tarde sufrió un fuerte desplome. De acuerdo con la denuncia, esa situación habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras y generado pérdidas para más de cuarenta mil personas que habían comprado el token luego del mensaje presidencial.
Además del congelamiento de las direcciones de criptomonedas, Martínez de Giorgi ordenó que Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex entreguen el legajo completo de los clientes asociados a esas cuentas. La medida alcanza la documentación de apertura (KYC), registros de conexiones IP, movimientos de criptoactivos, cuentas bancarias vinculadas, direcciones utilizadas para enviar o recibir fondos y memorandos internos relacionados con las operaciones.
Los requerimientos serán tramitados por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con intervención de Interpol cuando resulte necesario. Para fundamentar la urgencia de la medida, el juez sostuvo que el flujo de dinero reconstruido «podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación» y que, debido a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, corresponde mantener congeladas las cuentas para evitar «un perjuicio de imposible reparación ulterior».