El Ejecutivo provincial presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación para insistir en la recusación de cuatro jueces del máximo tribunal de Santa Fe, argumentando un posible conflicto de intereses en causas vinculadas a la reforma previsional.
El Gobierno de Santa Fe realizó un planteo ante la Corte Suprema de la Nación para insistir en última instancia con la recusación a los jueces del máximo tribunal provincial. El planteo sostiene que los ministros locales no deberían fallar sobre la reforma previsional ni declarar inconstitucional uno o más aspectos de la ley que se aplica desde 2024 por una presunción de intereses cruzados.
El argumento central del planteo oficial es que algunos cortesanos se encuentran alcanzados —de modo actual o inminente— por el régimen previsional que está bajo análisis judicial, lo que podría implicar un interés directo o indirecto en el resultado de las causas.
El 25 de junio pasado, Santa Fe, a través de la Fiscalía de Estado, se presentó en queja ante el máximo tribunal nacional. Según informó La Capital, se planteó que la Corte nacional debe suspender los trámites de los juicios en la provincia, ya que si continúan y se resuelven con magistrados que no debían intervenir, sería un problema a futuro.
El recurso de queja no suspende plazos ni efectos, por lo que la Corte provincial está en condiciones de emitir sentencia en el caso de fondo. En marzo, el gobierno presentó ante el alto tribunal de Santa Fe un recurso extraordinario para que sea su par de la Nación la que decida sobre las recusaciones, el cual fue rechazado.
Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de la provincia, declaró en LT8: “Se los recusó nuevamente porque creemos que hay una incompatibilidad ética y moral muy grande de fallar en última instancia por intereses personales y propios, porque los casos que resuelvan alcanzarán a varios miembros”.
Boasso recordó que Rubén Weder ya estaba jubilado cuando fue elegido ministro de la Corte, por lo que tuvo que suspender el régimen, pero luego volverá a esa instancia. Y que otros miembros, como Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, se irán a fin de año y ya tienen el expediente iniciado de jubilación con todos los requisitos, menos el cese.
La mayoría de los casos que judicializaron la ley son exmagistrados o camaristas solicitando que se declare inconstitucional la cuota solidaria, que desde septiembre no se descuenta más, y en segundo término el tope de jubilaciones. La reforma estipuló un tope de cobro en 20 jubilaciones mínimas, que son unos 12.600.000 pesos.
“Deberían ser los primeros en defender porque, sin reforma, sería imposible sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones, que tiene 105.000. Fue un acto de defensa para no transferirla. Si no se sancionaba la reforma, no era sustentable la Caja y tendríamos un déficit de 850.000 millones de pesos”, completó Boasso.