El presidente Javier Milei anunció que el Ejecutivo trabaja en una iniciativa que establece un límite estricto al gasto público, inspirado en el modelo estadounidense de “shutdown”. La medida se vincula con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otras normas que serán enviadas al Congreso.
El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de “shutdown” al estilo estadounidense. Según explicó, esta iniciativa establece que “cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga (se cierra) el Estado”, buscando imponer un límite estricto al gasto público.
La propuesta se conecta con el anuncio de la reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que busca prohibir de manera explícita que el organismo pueda emitir dinero para financiar al fisco nacional bajo cualquier circunstancia. La estricta veda y las consecuencias penales de su vulneración formaban parte de un proyecto de ley que fue enviado el año pasado junto al Presupuesto y no prosperó en su debate.
En Estados Unidos, el Congreso debe aprobar las leyes de financiamiento para que el Estado funcione. Si el Congreso y el Presidente no se ponen de acuerdo en el presupuesto antes del vencimiento del plazo, el Gobierno se queda sin fondos autorizados para gastar. Al no tener dinero legalmente asignado, se produce el “cierre” y se frenan servicios no esenciales, mientras que servicios esenciales como seguridad y salud siguen funcionando.
En Argentina, el formato que impulsa el Gobierno no apunta a la falta de acuerdo para nuevas iniciativas, sino a establecer un límite financiero estricto al Presupuesto ya aprobado. Históricamente, cuando el presupuesto se agota debido a la inflación o al aumento del gasto, el Poder Ejecutivo suele ampliar las partidas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o reasignaciones. Con este proyecto, si un ministerio o dependencia pública consume el 100% del dinero asignado para el año, automáticamente se bloquea su capacidad de gastar.
El propósito declarado es obligar a cada área del Estado a gestionar sus recursos con disciplina extrema. Sin embargo, el principal desafío será definir qué ocurre con los gastos permanentes, como salarios del sector público, jubilaciones, seguridad, salud, Justicia, servicios esenciales y atención de emergencias.
Entre los rubros a definir aparecen obras públicas, contrataciones administrativas, campañas oficiales, programas sociales, salarios y transferencias a las provincias. También resta establecer el alcance del mecanismo, si el límite se aplicará por ministerio, jurisdicción, programa o partida presupuestaria específica.
La relación con los gobernadores aparece como otro tema de conflicto, ya que buena parte de los giros a las provincias dependen del presupuesto nacional. A su vez, esta suerte de “shutdown argentino” podría tener repercusiones judiciales si el Estado interrumpe programas, pagos o prestaciones por falta de crédito presupuestario.
El Presidente vinculó estrechamente ambas iniciativas, e indicó que están conectadas con otras leyes, “como la de mercado de capitales e Inocencia Fiscal; y todo lo que tiene que ver en materia de seguros y las reglas fiscales”. Con todo ello, aseguró, “empezamos a reconstruir la base para reparar 91 años de daños a los argentinos”.