La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen expresaron su rechazo al proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) expresaron su preocupación por el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y solicitaron el rechazo del Congreso a la iniciativa.
Los representantes de la Iglesia señalaron que esta normativa podría afectar la soberanía de los recursos naturales y el derecho de los pueblos originarios que mantienen reclamos históricos de tierras. «Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse», indicaron en una declaración.
Citando al Papa León XIII, enfatizaron que los bienes de la tierra deben estar al servicio de toda la humanidad y no favorecer solo a unos pocos. Entre las preocupaciones mencionadas se encuentra la eliminación de limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que podría permitir el acceso ilimitado a tierras asociadas a reservas de agua y otros recursos naturales.
Además, alertaron sobre la derogación de restricciones ambientales que impedían el uso inmediato de tierras arrasadas por incendios forestales, lo que consideran un incentivo a la especulación inmobiliaria. La Pastoral Social, Cáritas y Endepa afirmaron que «este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros».
«Cuidar la tierra es cuidar la vida», señaló el comunicado, añadiendo que «para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro», por lo que no puede ser tratada como una «simple mercancía» o «recurso financiero».
También resaltaron la necesidad de abordar la crisis habitacional en Argentina, planteando que la ley debe facilitar el acceso a una vivienda digna para todas las familias, promoviendo un marco legal justo para inquilinos y propietarios. En ese sentido, exigieron que la política garantice un marco jurídico razonable y justo para los alquileres que equilibre las necesidades de propietarios e inquilinos.
Finalmente, instaron a los legisladores a anteponer el bien común y las generaciones venideras a intereses particulares. «Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad», concluyeron.