El Senado sesionará este jueves para debatir un proyecto que elimina restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y establece desalojos exprés para inmuebles usurpados. También se tratará el pago de 171 millones de dólares a fondos buitres.
El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla desalojos exprés para viviendas o terrenos usurpados. La iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres, que La Libertad Avanza acordó incluir en la sesión con bloques dialoguistas.
El temario establece la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratados. La postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia. También se tratarán dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar del Plata y Tucumán, impulsados por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.
Propiedad privada
La iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo modificaciones: se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Límite a la compra de tierras
El proyecto elimina los límites para que extranjeros adquieran tierras y dispone que las provincias deberán autorizar las ventas cuando no participe ningún país extranjero. Cada provincia conserva jurisdicción plena sobre su territorio conforme a la Constitución Nacional. Se prohíbe la compra por parte de estados extranjeros y organizaciones empresariales donde un estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias, así como fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un estado extranjero.
Desalojos
Se aplicará un desalojo exprés solo en casos de inmuebles usurpados. Para el resto de los casos se mantienen los plazos actuales de intimación. Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler, mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio denunciado en el contrato, sea real o electrónico. Si el locatario se niega a recibir la notificación o no puede perfeccionarse por motivos imputables a él, se tiene por válida. Ante el incumplimiento, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, que debe sustanciarse por el procedimiento más breve previsto por la ley, en un plazo de 10 días hábiles.
Expropiaciones
La declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva, y el Estado deberá fundamentar claramente los motivos de la medida. El dictamen establece un tope del 30% de indemnización por lucro cesante. La tasa de interés a pagar será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.
Manejo del fuego
Se deroga el artículo que establecía que, en caso de incendio de un predio rural, por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. En incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino previsto en las normas actuales, pero se elimina el plazo de 60 años establecido en la ley promovida por Máximo Kirchner.
Fondos buitres
El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitres (Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP) para cerrar un acuerdo y evitar que avancen causas contra activos de Argentina, como las acciones de YPF. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, establece que el Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos. Se acuerda un pago único en efectivo de 67 millones de dólares a Bainbridge y de 104 millones a Attestor. La modalidad es entrega contra pago: los acreedores entregarán los bonos libres de todo gravamen, y Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada la entrega. Se acuerda la suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos.