La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe recibió a presidentes de cámaras penales y al Colegio de Magistrados para abordar modificaciones legislativas en discusión.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe recibió el martes, en el marco de la acordada, a los presidentes de las cámaras penales y al Colegio de Magistrados. Según comentó uno de los presentes, los invitados manifestaron preocupación por modificaciones que se discuten en la Legislatura y que, según entienden, afectarían la operatividad judicial.
Ese tema ocupó la mayor parte de los dos encuentros. La reforma de seguridad impulsada por el Ejecutivo provincial, que generó controversia en algunos ámbitos, estuvo presente en las conversaciones pero aún no ha sido tratada en profundidad por la Corte, que evalúa los próximos pasos.
De acuerdo con información confirmada por La Capital, los colegios de jueces de segunda instancia no realizaron un planteo específico sobre las reformas de las leyes de seguridad. “Se conversó ligeramente; el tema quedó flotando”, indicó una fuente. El Colegio de Magistrados, por su parte, hizo comentarios sobre el impacto en las libertades y sostuvo que “el tratamiento no sea a libro cerrado ni exprés”.
La Corte Suprema analiza cómo abordar el tema y manifestarse. Se espera la evolución del proyecto, que se encuentra en análisis y que, según reconocen algunos diputados oficialistas, requiere cambios.
Que no se haya abordado ni se haya convocado a los operadores judiciales a la elaboración no implica que no estén al tanto. Tampoco los jueces pueden opinar públicamente, ya que si la reforma se aprueba y llega a instancia de juzgamiento, podrían incurrir en adelanto de opinión y ser recusados.
Fuentes de tribunales señalaron off the record que debe analizarse cada situación porque hay aspectos que podrían lindar con lo inconstitucional y otros que se mantendrían dentro de los límites legales. Una fuente puso el foco en la ampliación de la autoridad policial y de la fiscalía como primer resorte de garantías.
Los camaristas plantearon que las modificaciones a la Ley N° 13.018, que busca unificar los colegios de jueces en materia penal y las oficinas de gestión judicial para primera y segunda instancia, así como los cambios en las escalas de apelación, podrían afectar el funcionamiento de los tribunales. “¿Cómo un juez de Reconquista va a atender un caso de Rosario? ¿Vamos a tener que hacer audiencias por Zoom?”, preguntaron en la reunión respecto al proyecto que busca optimizar recursos sin el criterio de asiento territorial.
“En eso hay una mirada unánime, no solo en el fuero penal, sino hacia fuera del fuero en el sentido de que no parece una idea viable tener una sola oficina de gestión judicial y colegio de jueces desde el punto de vista práctico”, agregaron.
Otro punto de preocupación son los cambios en los recursos de apelación. Actualmente, cuando la pena es mayor a cinco años interviene un tribunal pluripersonal; el proyecto oficialista propone elevarlo a 18 años, lo que dejaría los casos graves en manos de un solo juez.
Esta semana o la siguiente, los camaristas presentarán a la Corte una nota para unificar los planteos y criterios mencionados. Luego, los ministros evaluarán si amerita un estudio sobre algún punto y, eventualmente, lo presentarán como opinión no vinculante a la Legislatura, como ya se hizo en otras oportunidades, como la reforma laboral.
Por el momento, en la Justicia esperan que haya margen para corregir algunos puntos. Algunas fuentes confían en que los proyectos presentados por el Ejecutivo estiraron los límites inicialmente para luego asegurar un beneficio concreto.