Del 21 al 24 de abril de 2026 se celebró en Nassau, Bahamas, la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Se crearon grupos de trabajo sobre registros de emisiones y acceso a la justicia ambiental, y se aprobaron lineamientos para la implementación nacional. En Argentina, organizaciones señalaron avances paralizados y alertaron sobre posibles retrocesos normativos.
El Acuerdo de Escazú volvió a ocupar un lugar central en la agenda ambiental regional tras la realización de su cuarta Conferencia de las Partes (COP4), celebrada del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas.
El nombre completo del tratado —Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe— refleja su contenido. Adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018 y en vigor desde el 22 de abril de 2021, es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en incluir disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
En la actualidad, el acuerdo cuenta con 24 firmantes y 19 Estados parte, entre ellos Argentina, que lo ratificó en 2020. Desde entonces, el país asumió el compromiso de garantizar el acceso a la información pública ambiental, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones y el acceso a mecanismos de justicia cuando esos derechos son vulnerados.
Entre las principales decisiones adoptadas en la COP4 se destacan la creación del Grupo de Trabajo sobre Registros de Emisiones y Contaminantes y del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Justicia Ambiental. También se aprobaron lineamientos metodológicos para que los Estados desarrollen hojas de ruta nacionales de implementación, con el objetivo de identificar brechas, definir prioridades y fortalecer procesos participativos.
Los países acordaron impulsar mayores sinergias entre el Acuerdo de Escazú y otros foros multilaterales ambientales, y profundizar el trabajo conjunto con organismos del sistema de Naciones Unidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) actúa como secretaría técnica del acuerdo.
La conferencia también dedicó un espacio a debatir la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, tema considerado sensible en América Latina.
En Argentina, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), si bien el país aprobó una hoja de ruta y un plan de implementación a fines de 2023, los avances se encuentran paralizados. Organizaciones señalaron el Decreto 780/2024, que restringe el alcance del acceso a la información pública, y dificultades en procesos de participación ciudadana, como ocurrió en las audiencias vinculadas a modificaciones de la Ley de Glaciares.