El Poder Ejecutivo provincial presentó un proyecto de reforma a seis leyes de seguridad pública. Legisladores oficialistas y opositores, junto con especialistas, cuestionan aspectos del texto, mientras el debate parlamentario aún no comenzó formalmente.
Desde hace quince días, cuando el Poder Ejecutivo ingresó por la Cámara de Diputados el mensaje titulado «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», se inició un debate entre actores del sistema penal y legisladores, quienes deberán aprobar el proyecto que incluye la reforma a seis leyes vigentes.
El proyecto del Ejecutivo cosecha cuestionamientos constitucionales de aliados y especialistas, pero abre una negociación interna. «El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta», expresa el mensaje.
«En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho», subraya el Poder Ejecutivo en sus considerandos.
En las facultades policiales que pretende tener el Poder Ejecutivo parece estar el primer escollo de la reforma. «Ni locos les damos más poderes y sin control a la policía» se escucha en la Cámara de Diputados de voces opositoras y oficialistas, especialmente del socialismo y algunas radicales.
«¿Era necesario abrir ahora este debate cuando tenemos por delante que decidir la nueva ley electoral y varias leyes que nos obliga la reforma constitucional?» se escuchó preguntar en el despacho de los senadores radicales. Sectores oficialistas y opositores quieren definir la futura regla para las elecciones antes del receso invernal.
«Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos», posteó el Ministerio de Justicia y Seguridad, y compartió el gobernador Maximiliano Pullaro. Pablo Cococcioni, ministro del área, y la vocera Virginia Coudannes fueron los voceros del paquete.
«No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz», recalcó Coudannes. Cococcioni insistió en que la criminalidad está contenida pero sigue latente y admitió que el mensaje «es la aspiración del Poder Ejecutivo y todo proyecto es para ser discutido».
En los primeros meses de la gestión de Pullaro, el Ejecutivo sancionó una docena de leyes referidas a seguridad que permitieron reducir indicadores de violencia. Algunas de esas leyes sufrirían modificaciones de prosperar el mensaje.
En los últimos días, entidades del derecho, cátedras universitarias y abogados penalistas expusieron sus miradas críticas. En reuniones institucionales, al menos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia advirtieron a legisladores oficialistas sobre la posible inconstitucionalidad de algunos artículos.
«La declaración informativa en sede policial sin la presencia de su defensor además de ser claramente atacable por violación de garantías es lisa y llanamente volver al sistema inquisitivo», subrayaron especialistas en derecho penal. Agregaron la violación al principio igualitario de las partes del proceso, ya que el proyecto pretende poner al fiscal en una situación procesal superior sin control de la defensa, violentando el derecho de defensa y el debido proceso.
En el Ministerio Público de la Acusación hicieron silencio pero admitieron que en la redacción no hubo consulta previa del Ejecutivo. En la Cámara de Diputados, Unidos no ha definido la estrategia parlamentaria. La Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el radical Martín Rosúa, será el primer grupo en abordarlo. Rosúa avaló el texto y cree que con algunas reformas será viable llegar al recinto.
«Uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho es el respeto por las garantías constitucionales que todo ciudadano posee frente a cualquier tipo de injerencia estatal. La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo lejos de entenderse como una pretensa respuesta a combatir «al enemigo», esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal, que retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años», señala un documento de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. Agrega que el proyecto contiene artículos que colisionan contra principios constitucionales y que ningún Código Procesal Penal de las provincias argentinas posee «tamaños menoscabos» a garantías básicas.