El gobierno de Santa Fe presentó ante la Legislatura una iniciativa que introduce cambios en el Código Procesal Penal, el régimen penitenciario y el sistema de inteligencia criminal.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió a la Legislatura un proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”. La iniciativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, propone modificaciones en el Código Procesal Penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas.
Según el texto oficial, el proyecto busca “dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito”, en particular frente a fenómenos de criminalidad organizada y violencia compleja.
Entre los cambios previstos, se habilita el interrogatorio policial en etapas iniciales de la investigación y se reincorpora la “declaración informativa”, incluso sin presencia obligatoria del defensor en determinados casos. También se amplía la posibilidad de realizar juicios penales en rebeldía para imputados que no comparezcan al proceso, con revisión posterior de la condena si el acusado demuestra que desconocía la causa o tuvo impedimentos graves para presentarse.
Otro punto es la ampliación de allanamientos sin orden judicial. La propuesta incorpora supuestos vinculados a homicidios, amenazas, extorsiones y tenencia de armas en contextos de criminalidad organizada o conmoción pública, permitiendo que fiscales ordenen medidas urgentes con control judicial posterior. Asimismo, introduce la posibilidad de que fiscales dispongan medidas coercitivas no privativas de libertad mediante decreto fundado, como restricciones de circulación, vigilancia electrónica o prohibiciones de contacto.
En materia penitenciaria, se crea un régimen agravado para internos acusados de ordenar delitos desde la cárcel, que incluye aislamiento extremo, suspensión de visitas físicas y control de la correspondencia. La iniciativa también fortalece las tareas de inteligencia criminal, incorporando actividades de espionaje digital y acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales, siempre con autorización judicial.
Además, se prevé la creación de “zonas de intervención policial especial”, que podrán declararse en áreas con altos índices de criminalidad. Allí la Policía tendrá facultades como controles de acceso, restricciones horarias de circulación, requisas de vehículos y demoras de personas por hasta 48 horas para verificar identidad y motivos de permanencia en la zona.
El proyecto incorpora el “procedimiento por decreto penal”, inspirado en la legislación alemana, para delitos menores y contravenciones, permitiendo condenas rápidas revisables posteriormente a pedido del acusado.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que “no hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir” y plantea que la reforma busca equilibrar garantías individuales, eficacia del sistema penal y protección de la comunidad.