Dos viviendas fueron derribadas y una tercera restituida a sus dueños legítimos, en un operativo conjunto del MPA y la Secretaría de Seguridad Pública.
Tres casas que funcionaban como búnkeres de venta de drogas fueron inactivadas este jueves a la mañana en barrio Gráfico, en la zona oeste de la ciudad. Dos de las viviendas fueron derribadas por las topadoras de acuerdo con lo que permite la ley provincial que combate el microtráfico de estupefacientes, y la tercera, que también había sido usurpada por narcos, será restituida a sus legítimos propietarios.
Así lo consignó el fiscal Franco Carbone, de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, uno de los funcionarios que participó del operativo realizado hoy en Benteveo al 700, donde estaba una de las casas que minutos después quedaron reducidas a escombros y era un foco de venta de drogas y otros delitos.
Los otros inmuebles estaban situados en las calles Jacobacci y Magaldi, “en un radio de 150 metros”, remarcó Carbone al describir el poder que ejercían los clanes familiares Villalba e Itre en ese lugar mientras regenteaban el negocio del narcomenudeo.
“Los nombramos porque esas personas han hecho mucho daño en este barrio. Esta gente estuvo vinculada al peruano Rodríguez Grantton (condenado por narcotráfico a gran escala y preso en una cárcel federal) en distintos hechos que hemos investigado desde la Fiscalía”, subrayó.
En declaraciones a LT8, el funcionario del MPA destacó que los inmuebles derribados eran controlados por “una familia que tiene a mal traer a todo el barrio Gráfico. Algunos están detenidos, otros tienen pedidos de capturas vigentes. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y a las extorsiones”.
El fiscal agregó que vinculado a esos delitos “se produjo un homicidio en abril a escasos metros de este lugar. Estas inactivaciones son importantes porque el modus operandis de este clan familiar era extorsionar a las personas. Son inmuebles usurpados hace mucho tiempo”.
“Lo que hacían estos delincuentes era vender esas viviendas a personas que compraban de buena fe, juntando cada peso para poder acceder a una pequeña propiedad. Luego, los mismos vendedores se las quitaban bajo extorsiones y amenazas para volver a venderlas. Hay delitos conexos porque se manejaban en el barrio hace mucho tiempo de manera impune”, precisó Carbone.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos casos “representan un compendio de todas las cuestiones delictivas que rodean al microtráfico, como la usurpación y la venta ilegal de terrenos”. Y agregó: “Se genera un entramado de irregularidades vinculado a la violencia, los homicidios, las balaceras y la degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”. El funcionario remarcó además que “antes no contábamos con una herramienta legal”, y destacó que “desde la promulgación de la Ley de Microtráfico estamos avanzando junto al MPA no solo en Rosario, sino en toda la provincia”.