La Agencia de Administración de Bienes del Estado notificó a la cooperativa de trabajo Linares Trechel LTDA para que desocupe en 10 días hábiles el terreno fiscal que ocupa desde hace años en Junín y Caseros. El Concejo Municipal recibió a los trabajadores y busca mediar para garantizar la continuidad laboral de los 14 empleados.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado intimó el pasado martes a la cooperativa de trabajo Linares Trechel LTDA para que en diez días hábiles proceda a la desocupación y restitución del inmueble que ocupa desde hace décadas en Junín y Caseros, en pleno barrio Refinería, a metros de Puerto Norte. En el escrito, la Nación afirma que la ocupación se mantiene sin derecho alguno y se reserva el derecho de reclamar indemnización por daños y perjuicios.
El conflicto llegó al Concejo Municipal, donde varios ediles piden la suspensión de los plazos de desalojo y la apertura de una mesa de diálogo. La cooperativa, que funciona desde hace 13 años en el predio, se dedica a la elaboración, fraccionamiento y distribución de un amargo serrano sin alcohol y agua filtrada. El terreno, de unos 26 mil metros cuadrados, está ubicado en una zona estratégica dentro del proceso de transformación urbana de Puerto Norte.
Carlos Gavio, en representación de los trabajadores, señaló que la intimación llegó el 30 de abril y que nunca antes habían recibido una notificación similar. “Ahora somos 14, pero fuimos unos 24. La Justicia nos dio la viabilidad para seguir trabajando en lo que hace 60 años era Bodegas del Litoral y hace más de 40 años funciona en estos terrenos del Estado”, indicó. Gavio afirmó que no están dispuestos a abandonar el lugar y que buscarán frenar los plazos mediante abogados para llegar a un acuerdo.
La comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal recibió a los cooperativistas este lunes. Los trabajadores solicitaron la intervención de los ediles para gestionar instancias de diálogo o alternativas de relocalización. La concejala Norma López (Justicialista) recordó que desde el año pasado intentaron contactar a la gestión nacional sin respuesta, y advirtió que no se puede dejar a más de 20 familias sin trabajo. Por su parte, la concejala Anita Martínez (PRO) indicó que contactó a exfuncionarios de la Administración de Bienes del Estado para buscar una solución.