La histórica cooperativa láctea, con sede en Sunchales, presentó el pedido en medio de un fuerte deterioro productivo y financiero, con un pasivo que ronda los 120 millones de dólares.
La cooperativa láctea SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia en medio de una crisis financiera que arrastra desde hace años. La presentación se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Gelcich.
La empresa, con sede en Sunchales, se encuentra en concurso de acreedores desde febrero de 2025 y acumula un pasivo cercano a los US$120 millones. Según fuentes vinculadas al proceso, el pedido se concretó sobre el cierre de la jornada judicial, aunque todavía no se reflejó formalmente en el expediente.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) confirmó la presentación y señaló que la decisión responde a la imposibilidad de la firma de cumplir con sus compromisos. El pasivo de SanCor surge del proceso concursal, que incluye más de 1.500 pedidos de verificación sobre un total de 2.700 acreedores. La deuda se compone de unos US$ 90 millones y cerca de $40.000 millones. Entre los principales acreedores figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y fondos financieros internacionales.
Los informes de la sindicatura y de la coadministradora judicial, Lucila Inés Prono, describieron un cuadro de cesación de pagos e insolvencia patrimonial general.
El deterioro de la compañía también impactó en su capacidad operativa. En sus mejores años, SanCor procesó cerca de 4 millones de litros diarios de leche. En la actualidad, esa cifra cayó por debajo de los 500.000 litros. En ese proceso, la empresa vendió activos y marcas históricas como Las Tres Niñas, transferida a Adecoagro, con el objetivo de generar liquidez. También perdió participación en el mercado lácteo.
Un conflicto gremial que se extendió durante ocho meses profundizó la crisis y afectó el funcionamiento de la firma, que hoy cuenta con unos 850 empleados. Desde Atilra afirmaron que la empresa adeuda ocho meses de salarios, además de aguinaldos. El gremio cuestionó la demora en reconocer la situación crítica y sostuvo que el pedido de quiebra «no agrega ni quita nada» frente al escenario existente. «El estado de cesación de pagos e insolvencia patrimonial ya estaba probado», indicó el sindicato en un comunicado firmado por su secretario general, Etín Ponce.
La solicitud de quiebra se incluyó en el orden del día de una asamblea extraordinaria convocada por el Consejo de Administración para el 30 de abril en Sunchales. Desde el gremio plantearon que la quiebra puede abrir una nueva etapa para la marca, con la posibilidad de reorganizar la actividad sin la estructura que llevó a la empresa a su situación actual.