El presidente Nayib Bukele sancionó reformas penales que permiten imponer prisión perpetua a personas a partir de los 12 años por homicidio, femicidio, violación o pertenencia a pandillas, con revisiones obligatorias tras cumplir cierto tiempo de condena.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó reformas constitucionales que establecen la cadena perpetua para menores y adultos condenados por delitos graves como homicidio, femicidio, violación y pertenencia a pandillas. Las reformas, aprobadas el mes pasado por la Asamblea Legislativa, establecen que este castigo puede aplicarse a autores o cómplices a partir de los 12 años de edad.
Las nuevas normas estipulan una revisión obligatoria de la pena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada. Esta revisión se realizará cada cinco años, comenzando a los 25 años de prisión para los menores, a los 30 para los adultos, a los 35 para adultos condenados por varios delitos y a los 40 años por delitos con agravantes.
La ley Penal Juvenil anterior establecía penas máximas de hasta 20 años de prisión para menores de 16 años y hasta 10 años para quienes tuvieran 12 años cumplidos, cuando los delitos eran cometidos por pandilleros.
Las reformas entran en vigencia el 26 de abril, fecha desde la cual operarán los nuevos juzgados de lo criminal, que anteriormente eran juzgados de menores. Estos jueces deberán realizar las revisiones obligatorias de las condenas.
Estos cambios forman parte de una serie de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Bukele, que han sido criticadas por sectores que consideran que debilitan el sistema de pesos y contrapesos y afectan la democracia del país. En julio de 2025, el gobierno impulsó otra reforma que eliminaría los límites al mandato presidencial.
Las medidas se enmarcan en la guerra contra las pandillas iniciada por Bukele, que declaró un estado de emergencia en marzo de 2022 tras una ola de violencia. Este régimen de excepción, prorrogado por casi cuatro años, ha suspendido derechos constitucionales y ha llevado a la detención de aproximadamente 91.650 personas, de las cuales, según Bukele, 8.000 inocentes han sido liberadas.