La iniciativa busca actualizar la normativa vigente desde 2010, con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario, clarificar criterios de intervención y fortalecer la red de atención.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Salud Mental, según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que la propuesta constituye una actualización de la ley sancionada en 2010, con la intención de «mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario».
Según los fundamentos del proyecto, se busca «proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia». Para su elaboración, se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo.
Entre los hallazgos, se detectó que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley actual y que existen únicamente 18 hospitales generales con servicios de salud mental. Desde el Ministerio de Salud señalaron que el término «padecimiento mental» utilizado en la ley vigente es considerado «ambiguo» y «demasiado amplio», lo que complicaría los diagnósticos y generaría demoras.
«El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión», explicaron. Asimismo, se reemplaza un criterio actual por el de «situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», con el fin de habilitar «intervenciones más oportunas y preventivas».
Se aclara que la internación seguirá siendo un «recurso excepcional», pero «necesario», y se remarca que los psiquiatras podrán indicar una «internación involuntaria», la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. El plazo de notificación judicial se extendería de 10 a 24 horas. En casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad; de estar afectada, la internación podría transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.
Otra modificación propuesta es fortalecer la red de atención en salud mental, incluyendo hospitales especializados, en contraste con la ley actual que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. En la actualidad, existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas. Además, se plantea ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Sedronar.