El gobierno provincial y la ANSES ultiman los detalles de un convenio que permitiría el desembolso de 120 mil millones de pesos en concepto de anticipos mensuales, tras la interrupción decretada a inicios de año.
El gobierno de Santa Fe y las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentran en la etapa final de negociación de un convenio destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial. El acuerdo busca restablecer el flujo de fondos mensuales que había sido interrumpido por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional a comienzos de 2024.
Según informaron fuentes del gobierno provincial a Observador Santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro viajaría la próxima semana a Buenos Aires para rubricar el acuerdo, que se encuentra en sus últimos retoques. «Todavía no está cerrado el acuerdo, pero sí avanzado. El pago es en concepto de parte del flujo mensual. Sigue por otro carril la cuestión de fondo de la deuda», explicaron.
El convenio en discusión establece que la ANSES transferirá a Santa Fe un total de 120 mil millones de pesos. Este monto se abonaría en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 10 mil millones de pesos cada una, comenzando en mayo de 2024 y extendiéndose hasta abril de 2025. Dichos pagos se realizarían en concepto de anticipo de capital, sujetos al resultado definitivo de una auditoría en curso.
Vale precisar que existen dos componentes en la deuda previsional de la Nación con Santa Fe. Por un lado, la deuda histórica o «stock», que se judicializó en la Corte Suprema de Justicia y cuyo tratamiento continúa su curso. Por otro lado, el «flujo», que son los anticipos mensuales que se habían cortado y que es el objeto del presente acuerdo. La provincia había avanzado con una medida cautelar para suspender el decreto nacional que interrumpió la transferencia de aproximadamente 10 mil millones de pesos mensuales.
La firma de este acuerdo implicaría la suspensión de la demanda presentada por Santa Fe ante la Corte Suprema, en la que se cuestiona la constitucionalidad del decreto 280/2024 por haber dispuesto el cese de las transferencias de manera «inconsulta e intempestiva».