Este jueves La Libertad Avanza se pudo llevar la media sanción a los cambios a la ley de glaciares con la ayuda del PJ. Fueron 40 a favor, 31 en contra y 1 abstención.
Es que Patricia Bullrich no pudo contentar a toda la bancada de la UCR, que aportó 8 a favor de la reforma y otros 2 en contra. Pero compensó la pérdida de esos aliados con senadores y senadoras del peronismo de sus distintas alas. Estuvieron a favor dos actuales integrantes del bloque liderado por José Mayans: Sergio Uñan (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca) por los intereses de empresas mineras y gobernadores. También se sumaron otros tres peronistas que acaban de abandonar el interbloque de Mayans: Carolina Moisés (de Jujuy, que responde al gobernador salteño Sánez), Guillermo Andrada (Catamarca, del gobernador Jalil) y Sandra Mendoza (Tucumán, del gobernador Jaldo). Completaron los aportes peronistas Flavia Royón (Salta, del gobernador Sánez) y Beatríz Avila (de la Tucumán de Jaldo). Con 4 votos menos el oficialismo hubiese quedado en minoría.
Si bien la UCR y el PJ tuvieron división en la votación, desde las distintas alas expresaron un «consenso extractivista». Incluso los que votaron en contra. Del lado del radicalismo, Maximiliano Abad (Buenos Aires) sostuvo que «la mineria puede convertirse en ese circulo virtuoso que necesita la Argentina de inversión, empleo, exportaciones y divisas» aunque concluyó anunciando “mi voto va a ser no positivo”. Del lado del bloque «Justicialista», Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) que también votó en contra, dijo que el debate «no es minería sí o minería no, sino qué proyecto de país querés construir. Si la minería va a ser base de un desarrollo industrial soberano o un modelo de país de extracción de recursos naturales para afuera». En Mendoza es epicentro de un fuerte movimiento en defensa del agua y en contra del megaminería contamiente, y años atrás tanto el radicalismo como el peronismo fueron cuestionados por querer modificar la ley 7722 a favor de las mineras.
La reforma a la ley de glaciares fue una propuesta conjunta del gobierno de Javier Milei, los gobernadores de provincias cordilleranas y de las mesas del cobre y del litio, y las multinacionales mineras. Las modificaciones que obtuvieron media sanción le dan plenos poderes a los gobernadores para que sean ellos quienes decidan si el ambiente periglacial debe ser o no protegido. Esa definición ya no estará a cargo del organismo científico y nacional IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Ese organismo es el que actualmente elabora el inventario que protege menos el 1% del territorio argentino por las funciones hídricas de glaciares y periglaciares que alimentan ríos de todo el país. Con estos cambios, buscan que avance la actividad minera, los intereses de mandatarios provinciales y el poder ejecutivo.
El radicalismo amagó con tener más fugas y se hablaba de que iban a partirse a la mitad, porque les parecía demasiado discrecional que todo se limite a la decisión de un gobernador y su interpretación de qué ambiente periglacial tiene «relevancia hídrica». Finalmente, el cambio que incorporó el gobierno fue que sea «sobre la base de estudios técnico-científicos»… que harán los gobernadores.
En el PRO también hubo divisiones: las senadoras Huala (La Pampa) y Cristina (Chubut) votaron en contra, y solo aportó su voto positivo Goerling (Misiones). Otra usual aliada que perdió el oficialismo fue la cordobesa Alejandra Vigo, pero sí mantuvo el apoyo de los dos misioneros del gobernador Passalacqua.
Los gobernadores son quienes se van a quedar con las regalías de la minería, por tener “el dominio originario de los recursos naturales” según la Constitución pactada entre el PJ y la UCR en 1994. Por su parte, Javier Milei y Luis Caputo quieren ingreso rápido de dólares por las inversiones extranjeras. Para defender la iniciativa, el libertariano Agustin Coto (Tierra del Fuego) sostuvo que la protección de glaciares actual es una “ley de chetos que no conocen la diversidad de nuestro país”. Aprovechó para recordar que Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares, hecho que ocurrió en 2008, dos años antes de que se sancione la ley vigente. Mientras hizo su exposición, presidía la sesión la jujeña Carolina Moisés quién asentía con la cabeza coincidiendo con el senador del mileísmo.
Empezó el debate para modificar la ley de glaciares para que avancen proyectos mineros que afectarán reservas de agua hoy protegidas. Habla el primer orador de La Libertad Avanza (Coto) y Carolina Moisés asiste con la cabeza. pic.twitter.com/4j9ohqGyFx
— Jesica Calcagno (@Jesi_mc) February 26, 2026
La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich cerró el debate asegurando que «todo es al revés en Argentina» y le adjudicó a la actual legislacion que «proteger ha sido paralizar y cuidar no es prohibir».
Las mineras podrán saquear nuestros bienes comunes naturales, a bajo costo, llevándose los dólares, y dejando la destrucción y zonas de sacrificio. Es un gran negocio porque además podrán realizar la actividad con los enormes beneficios fiscales que les otorga el RIGI (Régimen de incentivos a las grandes inversiones) y les permite girar rápido a sus casas matrices los dólares.
“Soy consecuente con lo que he votado con el RIGI” confesó el senador del PJ de Catamarca, Guillermo Andrada que responde al gobernador Raúl Jalil. Efectivamente, fue uno de los senadores peronistas que acompañó el RIGI de la ley bases al inicio del gobierno de Milei mientras era parte del bloque liderado por Mayans. Ahora, también acompaña la reforma de la ley de glaciares pero bajo el liderzago de Carolina Moises de Jujuy. También dejó en claro su interés por las regalías “que las tenemos que saber utilizar”.
La relación entre esta reforma y el RIGI puede ser ejemplificada con el “Proyecto Vicuña” para extraer cobre en la provincia de San Juan, liderado por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, y que ya está adherido al RIGI. Hace pocos días, sus principales accionistas fueron recibidos por Javier Milei en Casa Rosada.
El lobby minero no fue el único desembozado. También lo fue el lobby de los gobernadores, especialmente de Raúl Jalil del PJ de Catamarca que preside la “Mesa del Litio” e integra la “Mesa del Cobre”. Junto con su par sanjuanino, Marcelo Orrego, fueron los voceros para defender el cambio a la ley de glaciares en las comisiones del Senado y en los medios de comunicación. Fueron secundados por otros gobernadores: los radicales Alfredo Cornejo de Mendoza y Carlos Sadir de Jujuy, y Gustavo Sáenz de Salta vinculado al PJ.
El mandatario salteño Sáenz no tuvo solamente como vocera y defensora de la reforma a Carolina Moisés. También habló en su nombre la senadora de su provincia, Flavia Royón. “Se intenta instalar un terrorismo ambiental” comenzó provocadora quien fue la secretaria de energía del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y luego pasó a ocupar el cargo de Secretaria de Minería al inicio del gobierno de Javier Milei. Su trayectoria en defensa de las multinacionales mineras se notó en su intervención, repitiendo los reclamos del sector empresarial: se quejó de que es la actividad más controlada y que deben renovar cada dos años los estudios ambientales. Como si no existieran los antecedentes de contaminación.
El lobby de los gobernadores fue blanqueado oportunamente por el propio presidente Javier Milei, y también por la senadora por Chubut, Edith Terenzi, que sostuvo en el recinto que “los gobernadores son los que solicitaron la modificación de la ley de glaciares”.
El senador de la provincia de Santa Cruz que responde al gobernador Vidal, José María Carambia, fue uno de los que votó en contra de modificar la ley de glaciares y denunció que las regalías son de un porcentaje muy bajo y que “las mineras a veces no quieren ni pagar el 3% y las provincias tienen que hacer de todo para que aporten”.
Las organizaciones socioambientales advierten que el agua va a estar en peligro con estas modificaciones, porque dejarán desprotegidas las áreas de la periferia de los glaciares (ambiente periglaciar) que son reservas de agua dulce, y son ecosistemas centrales para abastecer ríos, contrarrestar sequías y hasta incendios como los que se repiten en la Patagonia.
La norma ahora tendrá que ser debatida y tratada en la Cámara de Diputados, donde el gobierno de Milei puede tener números más adversos. Quedará para el período ordinario, a partir del 1° de marzo.