«A más de 15 años de su sanción, la mal llamada ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales», apuntaron desde el Gobierno y destacaron que la reforma busca establecer «reglas claras». «Protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país«, remarcaron. La ley fue sancionada originalmente en 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. La norma señala que el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua. Bajo este marco, el artículo 6 de la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas. Este es uno de los puntos que busca cambiar el Gobierno para promover la inversión minera.
jueves, 15 enero, 2026