La administración de Javier Milei decidió que la ciudad de Buenos Aires tenga una nueva terminal de cruceros que será diseñada, construida y operada por empresas privadas.
Por medio del decreto 602/25, el Gobierno nacional instruyó a la Agencia Nacional de Puerto y Navegación (ANPYN) que lleve adelante una convocatoria destinada a recibir proyectos de iniciativas privadas para la construcción de una nueva terminal de cruceros y un área exclusiva de infraestructura turística y comercial que estarán localizadas en los espigones 4 y 5 del puerto de Buenos Aires.
Javier Milei busca candidatos para desarrollar una nueva terminal de cruceros
La estación de cruceros remplazará a la actual denominada «Quinquela Martín», cuya operación se encuentra a cargo de la empresa TRP, la concesionaria de las terminales 1, 2 y 3, que controla el holding estatal de Emiratos Árabes, Dubai Ports Word.
La convocatoria oficial para la presentación de proyectos bajo el marco de «Régimen de Iniciativa Privada» se concretaría en los próximos días y la recepción de las propuestas estaría prevista para los primeros meses de 2026. Según el cronograma tentativo que manejan las autoridades de la ANPYN, la selección del proyecto ganador y el llamado a licitación para la ejecución de las obras se concretarían a mediados del próximo año.
La construcción de una nueva terminal de cruceros se inserta en el rediseño de la operatoria portuaria que definieron los técnicos de la ANPYN para atender las necesidades de sector.
Según los fundamentos de decreto 602/25, los proyectos y acciones a desarrollar apuntan a «modernizar el denominado Puerto Nuevo de Buenos Aires e incrementar la profundidad de los muelles, a fin de operar todo tipo de buques portacontenedores y fortalecer la competitividad portuaria».
Para alcanzar esos objetivos, a partir de 2027, la gestión libertaria resolvió avanzar con dos medidas relevantes. La primera consiste en la consolidación de las operaciones de cargas en un futuro único operador de una terminal contenedores, asentada en los espigones 1, 2 y 3. En tanto, la segunda movida comprende el desarrollo y construcción de una terminal de cruceros con un área turística y comercial dedicada a la atención de pasajeros en los espigones 4 y 5.
De acuerdo con la visión oficial, «el esquema y diseño propuesto tienen la virtud de otorgarle por primera vez un espacio central y exclusivo a la actividad de cruceros y a la atención del pasajero, previéndose el desarrollo de una infraestructura portuaria, turística y comercial a esos fines, lo que a su vez favorecerá la integración funcional con la Ciudad de Buenos Aires y la puesta en valor del histórico edificio de los Silos Graneleros del puerto».
Para la administración mileísta, las reglas de juego y la operatoria del puerto que había establecido el anterior gobierno de Alberto Fernández «no contemplaron adecuadamente entre sus objetivos el desarrollo del transporte de pasajeros proveniente de los buques cruceros que llegan a Buenos Aires, pese a que este fue el sector de mayor crecimiento en los últimos años. Como consecuencia de eso, el transporte de pasajeros proveniente de los buques cruceros se ve forzado a convivir y superponerse con la operación de los buques portacontenedores».
Frente a esa situación, el análisis oficial señaló que «tanto el tráfico de cruceros, como el volumen de los buques operados, requieren de un espacio exclusivo y de una infraestructura adecuada para poder acompañar y promover el crecimiento del sector, que representa un importante ingreso de divisas para el país».
Con respecto a la nueva terminal de cruceros, el decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo destacó que «dado el tipo de actividad, más afín al sector privado que a la experiencia del sector público, se considera propicio utilizar el Régimen de Iniciativa Privada con el objetivo de agilizar y enriquecer la propuesta con ideas y aportes desde el punto de vista técnico, económico, financiero y jurídico de quienes mejor conocen el mercado de cruceros, turístico y comercial, y tengan intenciones de invertir en él y explotarlo».
Junto con la terminal de pasajeros, el esquema diseñado por la ANPYN contempla el desarrollo de una infraestructura turística-comercial complementaria de restaurantes, estacionamientos, hoteles y lugares de esparcimiento».
COMO FUNCIONA EL REGIMEN DE INCIATIVA PRIVADA
Una vez que se lance la convocatoria oficial, las empresas e inversores interesados en el negocio de la terminal de cruceros deberán presentar proyectos que contengan los siguientes elementos:
- Antecedentes técnicos y patrimoniales del promotor de la iniciativa.
- Descripción general del proyecto, de sus características, modalidad de ejecución, área de influencia, beneficios y externalidades asociadas.
- Estimación de demanda y su tasa de crecimiento anual para un escenario definido como base, un escenario optimista y un escenario pesimista, junto a una descripción de la metodología y supuestos utilizados.
- Análisis de los aspectos jurídicos relevantes, considerando, entre otros factores, sus características sectoriales, zona de implementación y áreas de influencia.
- Descripción de las obras previstas a realizar y los servicios a ser prestados con sus respectivas justificaciones técnicas.
- Análisis de su prefactibilidad técnica, económica y financiera; monto estimado de la inversión y costos de operación, identificando los distintos rubros de inversiones y costos involucrados.
- Condiciones económicas asociadas al contrato, tales como el nivel tarifario y el plazo de la concesión, estructura de financiamiento y repago.
- Evaluación de impacto ambiental de las obras.
El proyecto que sea elegido por las autoridades y declarado de interés público se utilizará como base para llamar a una licitación donde el promotor de la iniciativa privada tendrá una doble ventaja competitiva y la posibilidad de cobrar un resarcimiento en caso de no salir adjudicado.
En primer lugar, podrá quedarse con las obras y la operación de la terminal de cruceros en caso de que salga segundo y la diferencia con la mejor oferta no sea mayor al 10%.
En segundo lugar, contará con la chance de ir a un repechaje con la oferta mejor calificada en caso de que exista una diferencia entre un 10% y 15% entre ambas.
Además, si llegara a perder la licitación, tendrá derecho a percibir de la empresa ganadora una suma equivalente al 1% de la oferta total en concepto de «honorarios y gastos reembolsables». De manera excepcional y en función de las características del proyecto, el Gobierno podrá elevar esa compensación hasta un máximo equivalente al 3% de la oferta triunfadora.