El martes, la Corte Suprema de Estados Unidoslevantó una orden de un tribunal inferior que bloqueaba despidos masivos de empleados federales en casi dos docenas de agencias, en medio de una batalla legal sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducir drásticamente el tamaño del gobierno.
Esta decisión permite que la administración Trump reanude su reorganización del gobierno, liderada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), de Trump en su regreso a la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia solicitó la intervención de la Corte Suprema luego de que una jueza federal en San Francisco, Susan Illston, emitiera una orden que detenía tanto los despidos como la aplicación de directrices emitidas por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y la Oficina de Administración de Personal (OPM), las cuales implementaban la orden ejecutiva de Trump.
Illston sostenía que el presidente no puede reestructurar agencias federales sin la aprobación del Congreso, al cual corresponde constitucionalmente crear, financiar y asignar funciones a estas agencias.
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En una opinión breve y no firmada, la Corte Suprema consideró que el gobierno tiene altas probabilidades de demostrar que la orden ejecutiva es legal, por lo que concedió la solicitud de suspender la orden judicial. Sin embargo, la Corte aclaró que no se pronuncia sobre la legalidad de los planes específicos de reducción de personal que resulten de dicha orden ejecutiva.
Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron. Jackson criticó el fallo por apoyar, según ella, acciones presidenciales legalmente dudosas en un contexto de emergencia. Sotomayor, aunque se unió a la decisión de suspender la orden judicial, subrayó que la Corte no está decidiendo todavía si los despidos masivos serán o no legales conforme al marco constitucional.
La Fiscal General Pam Bondi celebró la decisión, calificándola como una victoria que detiene a tribunales inferiores que intentaban restringir la autoridad presidencial sobre el personal federal.
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Por otro lado, una coalición de sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales, que demandó a casi todas las agencias afectadas, expresó su decepción, señalando que la decisión amenaza servicios esenciales y debilita la democracia. Argumentan que despedir empleados federales en masa sin aprobación del Congreso viola la separación de poderes.
La orden ejecutiva de Trump, emitida en febrero, exigía a las agencias presentar planes de despido masivo, conocidos oficialmente como reductions-in-force (RIF). Algunos departamentos comenzaron a aplicar estos recortes a principios de año.
Otros estaban listos para hacerlo en las semanas siguientes. Estos despidos son distintos de las terminaciones de empleados en periodo de prueba, también numerosas.
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El gobierno, al apelar ante la Corte Suprema, sostuvo que la orden judicial de la jueza Illston era errónea y se basaba en la premisa equivocada de que el presidente necesita autorización del Congreso para tomar decisiones de personal dentro del Poder Ejecutivo.
Argumentó que la orden interfiere con las operaciones internas del Ejecutivo y obliga a mantener empleados que las agencias ya no consideran necesarios, con un alto costo para los contribuyentes.
Por su parte, los sindicatos alertaron que permitir que los recortes continúen antes de resolver el fondo del caso podría causar daños irreversibles, como la abolición de oficinas y funciones clave, y la pérdida de servicios esenciales.
La disputa legal sigue en curso, y los tribunales inferiores aún deben evaluar la legalidad de los planes de reorganización específicos que surjan de esta polémica orden ejecutiva.
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