Hoy en Argentina la democracia está en peligro. Es necesario decirlo así, sin rodeos ni eufemismos, porque, como decía Perón, “la única verdad es la realidad”. La democracia está en peligro por un motivo sencillo: la principal líder de la oposición y del campo nacional y popular, Cristina Kirchner, fue condenada a seis años de prisión y fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Millones y millones de argentinos y argentinas no podrán votarla nunca más, producto de un fallo que fue el corolario de un proceso judicial ilegal, protagonizado por jueces y fiscales que ni siquiera buscaron ocultar su cercanía al expresidente, Mauricio Macri, y de poderosos empresarios abiertamente enemistados con Cristina.
Fue el corolario, también, de un proceso inédito de difamación mediática, noticias falsas, operaciones y mensajes de odio: el uso de los medios de comunicación como dispositivo de odio y desprestigio contra una sola persona. Se trata, en definitiva, de lo que la literatura política y periodística denominó lawfare, y que ya fue utilizada para correr de la escena política a Rafael Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia y a Lula Da Silva en Brasil.
Al igual que el Plan Cóndor en la década del setenta, el lawfare opera a nivel continental, es un dispositivo de la derecha para proscribir a los principales líderes populares de Latinoamérica. Se apoya en tres pilares: los medios de comunicación concentrados –que en América Latina detentan un poder monopólico escandaloso–, los partidos políticos conservadores y el Poder Judicial. El encuentro en Lago Escondido de octubre del 2022 fue paradigmático: ese convite en la estancia de Joe Lewis contó con la participación de políticos de Juntos por el Cambio, jueces y fiscales federales y miembros del Grupo Clarín.
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Vale la pena repasar el derrotero que terminó con la proscripción de Cristina para entender la parcialidad del accionar judicial y lo viciado que estuvo todo el proceso. En primera instancia, el encargado de la instrucción de la causa fue Julián Ercolini, justamente uno de los participantes del encuentro de Lago Escondido. El fiscal de la causa era Diego Luciani y uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu. Los dos jugaron al fútbol en la quinta de Los Abrojos, de Mauricio Macri, lo cual fue registrado en una foto de agosto de 2019. Es decir, cuando Macri todavía era presidente. El 13 de noviembre la Cámara Federal de Casación confirmó la condena de primera instancia. Este tribunal estaba integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los primeros dos jugaban al paddle con Macri en Olivos, durante su presidencia, en 2016. Finalmente, llegó el fallo de la Corte Suprema, con tres miembros, dos de los cuales intentaron ser nombrados por decreto por Macri. En definitiva, tres hombres definieron el futuro de la democracia argentina, negando a millones de argentinos y argentinas la posibilidad de votar a la candidata que los representa.
En medio de ese proceso nefasto, le gatillaron en la cabeza a Cristina con un arma que milagrosamente falló. El trámite judicial de ese intento de magnicidio no solo avanza con pereza, sino que, en suma, sin indagar en las responsabilidades intelectuales y políticas del hecho.
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Hace un tiempo presenté un proyecto para que los jueces que no cumplan con su ejercicio y utilicen su función para fraguar expediente, manipular decisiones, retrasar procesos judiciales o impulsar encarcelamientos ilegales sean castigados proporcionalmente a esos hechos, y también inhabilitados de cualquier ejercicio como magistrados o como funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Es decir, que el accionar viciado y sesgado de jueces y fiscales tenga consecuencias, para que el Poder Judicial no sea una herramienta de disciplinamiento de la política. El fundamento último de este proyecto es velar por los derechos políticos de la sociedad, como derecho humano primordial que en nuestro país está siendo violado, y así también la democracia.
Desde el peronismo tenemos la responsabilidad histórica de enfrentar esta situación, así como en el pasado tuvimos que luchar contra la proscripción de Perón, su exilio y las dictaduras que nos persiguieron. Las primeras reacciones que se dieron luego de la detención de Cristina fueron auspiciosas: el monstruo parece haber despertado. Toda nuestra energía, nuestra fuerza, intelecto e imaginación tiene que estar puesta en pensar este momento político para luchar contra este avance antidemocrático sin precedentes desde la vuelta de la democracia en 1983.
Estamos viviendo un tiempo oscuro en Argentina, en donde el odio y la violencia parecen ser la única norma, con un totalitarismo de la lógica del mercado que está empobreciendo día a día a nuestra sociedad. Pero el pueblo argentino siempre demostró que no se deja atropellar y logra salir adelante. Y el pueblo argentino es peronista, con un liderazgo indiscutible: el de Cristina Kirchner. En este escenario adverso estamos empezando a traccionar un nuevo triunfo, para lograr construir una Patria justa, libre, soberana y democrática.
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