Desde hace algún tiempo el Gobierno viene dando señales de que la eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo número se llevaría de cinco a siete miembros, es una idea que merece consideración. Existe al respecto un proyecto elaborado por el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) y, en una reciente aparición pública, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que efectivamente ese proyecto se encuentra en estudio y que “no sería para descartar”.
Empecemos por señalar algo básico: es verdad que una Corte actualmente de solo tres integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) crea dificultades para su normal funcionamiento. Hace poco fue necesario sortear conjueces para resolver una causa que involucra a Lázaro Báez y a otros imputados con condenas ya dictadas y a la espera de una decisión final del alto tribunal. Trascendió que hubo desavenencias de los jueces supremos respecto del tratamiento de un planteo de la defensa de Báez acerca de si correspondía la aplicación de determinadas normas en materia de lavado de activos. Pretender que los tres jueces de la Corte estén siempre de acuerdo no es una opción muy razonable por lo que, mientras no se designen dos magistrados titulares para cubrir esas vacantes, deberemos acostumbrarnos a la aparición regular de conjueces.
Pero la cuestión que se plantea aquí es distinta. Tiene que ver no ya con la necesidad, que la hay, de cubrir las dos vacantes existentes, sino con la inconveniencia de ampliar la composición del tribunal y llevarlo a siete miembros. Antecedentes de cortes de siete jueces hubo ya en el pasado (y también de nueve), y ha habido numerosas discusiones acerca de si existe un número ideal. La Corte funcionó en muchos períodos de su historia de manera correcta con solo cinco jueces, en la medida en que tengan claro que se trata de un tribunal con una jurisdicción acotada y excepcional, y que no es su rol bregar por la “unificación de criterios” en temas de derecho común, como la interpretación de los códigos que dicta el Congreso y de otras normas de naturaleza no federal. La actual Corte tiene en claro eso. Si se pretendiera que desempeñe su misión con más miembros, las demoras serán mayores, pues las causas circularán por un mayor número de despachos.
Respecto de si es conveniente ampliar en este momento su composición, la pregunta que cabe formularse es si el Poder Ejecutivo habrá aprendido algo de la lección que dejó su fallido intento de cubrir las dos vacantes actuales. Pues, si nada aprendió, repetir ahora la pésima experiencia anterior con cuatro jueces sería claramente un sinsentido y un gravísimo error.
Para ello, sería indispensable que baraje candidatos muy preparados e insospechados, idealmente dos mujeres, capaces de obtener la difícil mayoría de dos tercios de los votos del Senado que exige la Constitución. Eso es lo que debió haber hecho antes, sin encapricharse con la designación de un candidato como el juez Ariel Lijo, que cosechó numerosos y merecidos reproches de la comunidad jurídica.
No es ampliando ciegamente la Corte Suprema que se mejorará su desempeño, sino regulando en forma integral la legislación sobre el recurso extraordinario, restringiendo su procedencia a casos excepcionales.
Ahora bien, es un hecho notorio que nuestra dirigencia política no viene dando ninguna lección de entendimiento y menos aún para temas relacionados con la lucha contra la corrupción y en favor de la institucionalidad. Lo sucedido con la caída de la ley de ficha limpia es una clara muestra. Allí primaron los intereses relacionados con mantener el statu quo y con la protección de aquellos políticos que quedarían alcanzados por las prohibiciones para acceder a cargos públicos que ese proyecto contemplaba.
Cuando hay casos judiciales de mucha importancia, algunos ya con condenas dictadas en dos instancias previas y que por lo tanto no deberían pasar, pero pasarán por la Corte Suprema, abrir una “negociación” en el Senado para nombrar no solo dos jueces (cuyas vacantes ya existen), sino cuatro, llevará seguramente a una discusión para la cual nuestra dirigencia política claramente no está madura. Se corre así el serio riesgo de que la pretendida ampliación de la Corte quede atada a un cálculo mezquino sobre “votos favorables” para revertir esas condenas, en una especie de negociación mercantil de toma y daca en la que las condiciones de excelencia de los candidatos queden de lado.
Lamentablemente, el contexto en que aparece este proyecto, suscripto solitariamente por un senador –típica situación de globo de ensayo cuando se quiere impulsar una idea y aparentar ser ajeno a ella–, permite suponer que no existe un interés real por mejorar el desempeño de la Corte, sino por ofrecer instrumentos de negociación a opositores para obtener réditos políticos en otras áreas.
Si la ampliación es para convertir la necesaria ocupación de cargos en un botín de reparto político, flaco favor le estamos haciendo a la Corte como institución y a la división de poderes como principio central de nuestra democracia republicana.