La promesa de privatizar a aquellas empresas deficitarias, que únicamente se sostienen gracias a los recursos que le gira el Estado, fue una de las que más resonó en la asunción del presidente Javier Milei.
Con su discurso centrado en el déficit cero y la lucha contra aquellos que ven a la política como un negocio, el libertario presentó un ambicioso plan para transferir al sector privado a más de 40 empresas estatales, incluidas gigantes como Aerolíneas Argentinas, YPF y Banco Nación. Pero, a más de 17 meses de su Gobierno, solo una privatización se concretó, mientras que las demás se enfrentan a obstáculos políticos y burocráticos.
Por qué Javier Milei no pudo privatizar más empresas
El punto de inicio formal fue el proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, presentado en diciembre del 2023, este megapaquete legislativo incluía la privatización de 41 empresas estatales. Pero, rápidamente, su avance se vio entorpecido por la falta de mayoría parlamentaria de La Libertad Avanza (con solo 38 de 257 diputados y 7 de 72 senadores), lo que obligó al Gobierno a negociar con la oposición.
En consecuencia, en abril de 2024, la lista se redujo a 11 empresas, y tras intensos debates, el Congreso aprobó en junio de 2024 una versión acotada de la Ley Bases que autorizaba la privatización total o parcial de solo ocho empresas: Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) y YCRT.nte de Aerolíneas, dijo que «los convenios actuales la hacen inviable para cualquier inversor»
Mientras la administración libertaria intentaba y lograba ganar adeptos en las bancas, la resistencia sindical comenzó a ganar terreno. En enero del 2024, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una huelga general contra las reformas de Milei, incluyendo las privatizaciones.
Los gremios de Aerolíneas Argentinas, liderados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), fueron especialmente combativos, alegando que los convenios laborales actuales desalentarían a posibles compradores y que la privatización terminarían generando que miles de trabajadores terminen en la calle.
Esta negativa se intensificó cuando, en mayo del año anterior, el jefe de Estado propuso ceder Aerolíneas Argentinas a sus empleados, aunque terminó convirtiéndose en una idea para el olvido debido a la falta de consenso de los sindicatos. «No tenemos problemas en que Aerolíneas sea de los empleados, pero los convenios actuales la hacen inviable para cualquier inversor», dijo el expresidente de la firma, Pablo Ceriani. Entonces, aunque excluida de la Ley Bases por el Senado, la aerolínea de bandera sigue bajo la lupa. Más aún luego que, antes que termine al año anterior, Milei la declarara «susceptible de privatización» a través de un DNU y apoyara proyectos legislativos para su venta, aunque tampoco en ese caso no hubo avances precisos. No obstante, el hito de haber tenido superávit fiscal por primera vez en más de una década dejan al descubierto un profundo cambio administrativo, pese a que no se concretó su venta.
Las empresas que están en «stand by»
Pese a estas dificultades, el Gobierno logró marcar un tanto en enero de este año con la primera privatización de su gestión: la venta del 85% de las acciones de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona) a la estadounidense Arc Energy por u$s27 millones. El Estado nacional (63,7%) y la provincia de Mendoza (21%) transfirieron su participación. Aunque la venta generó disputas por el presunto bajo precio, considerando que IMPSA arrastraba una deuda de casi u$s600 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la operación como un paso hacia el «déficit cero».
Obviando esta, otras empresas autorizadas por la Ley Bases no lograron avanzar significativamente. Pero, por ejemplo, en octubre del 2024, el Gobierno anunció el inicio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, con licitaciones previstas para el primer trimestre de 2025. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien destacó que la empresa, que opera tres líneas ferroviarias de carga, sería licitada en tres etapas: administración, mantenimiento y operación. Este anuncio parecía haber dictaminado un avance concreto, pero el proceso sigue en la fase de preparación, evidenciando la complejidad técnica de las privatizaciones.
En paralelo, Energía Argentina (Enarsa) y AySA mostraron algunas mínimas señales de progreso, aunque sin resultados concretos. El 30 de abril de 2025, Adorni anunció que AySA logró un superávit tras 17 años de déficit, gracias al aumento de tarifas y la reestructuración financiera. Ese mismo día, confirmó que Milei firmó un decreto para iniciar la privatización de Enarsa mediante la venta de su participación en Citelec, que controla el 51% de Transener, la principal transportista de electricidad del país. Según transcendió, estas medidas responden, en parte, a la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en abril de 2025 exigió una «hoja de ruta concreta» para las privatizaciones como condición para continuar el acuerdo de refinanciación de la deuda.
Otras empresas, como Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) y YCRT, enfrentan mayores dificultades. NA-SA, que opera las centrales nucleares, está en análisis para una salida parcial a la Bolsa (hasta el 49% de las acciones), pero el proceso requiere condiciones de mercado estables que todavía no se lograron. YCRT, con un déficit estructural y baja viabilidad económica, es la menos avanzada, sin licitaciones ni interesados reportados.
No se privatizaron, pero se cerraron
Como se planteó anteriormente, en esta cruzada por reducir el tamaño del Estado, no todas las firmas que inicialmente habían sido apartadas para ser privatizadas lograron avanzar. Télam la agencia de noticias estatal, es el caso más emblemático de una empresa que Milei anunció que privatizaría durante su campaña de 2023, pero que terminó siendo cerrada. Esta había sido incluida en la lista plasmada en la Ley Bases, pero fue excluida por la oposición en el Congreso, generando que el Gobierno opte por una solución drástica: su cierre total. No se intentó buscar inversores, solo se transformó a Télam en una Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U) a través del Decreto 548/2024, y la firma se disolvió.
Otro caso similar, aunque menos resonante, es el de la Administración General de Puertos (AGP), responsable de gestionar puertos clave como el de Buenos Aires, también incluida en el proyecto de la Ley de Bases. La AGP no atrajo interés privado significativo, posiblemente debido a la complejidad de sus operaciones y la necesidad de mantener control estatal en un sector estratégico, lo que generó que, al igual que Télam, se disolviera.
Por último, también se está avanzando con al privatización por concesión de Corredores Viales S.A y, aparentemente, de Correo Argentino. Es decir que, por el momento, el sueño de un Estado minarquista está muy lejos de alcanzarse, pero el Gobierno parece querer apostar a que la estabilidad económica y un mejor contexto político tras las elecciones legislativas que se aproximan, puedan seducir a posibles interesados e inversores que quieran hacerse de estas empresas.