El sindicato docente Amsafé irá a la Corte Suprema de Justicia contra la reforma jubilatoria, aprobada el año pasado en la Legislatura en medio de graves incidentes.
“Nuestro gremio, a través de su representación gremial, presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el marco de la acción de amparo impulsada por Amsafé. Esta acción tiene por objeto la defensa de los derechos individuales y colectivos de las y los docentes —tanto en actividad como jubilados— de la provincia”, plantea la organización gremial en un comunicado.
A través del recurso, Amsafé busca que se declare inconstitucional la ley 14.283. La organización gremial entiende que la norma “lesiona, restringe y amenaza derechos y garantías” consagradas tanto por la Constitución nacional como la provincial.
“Entendemos que la reforma previsional vulnera principios fundamentales que amparan a las y los trabajadores docentes, afectando gravemente sus condiciones previsionales presentes y futuras”, advierte la declaración de Amsafé.
Y concluye: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores de la educación, y exigimos el pleno al marco constitucional que garantiza justicia, equidad y dignidad para todas y todos”.
El planteo de Amsafé contra la reforma previsional
En octubre, el gremio docente inició una acción de amparo para que se declare inconstitucional la reforma previsional, pero la Justicia la rechazó.
Amsafé cuestiona el aporte solidario que realizan los activos y los pasivos, la modificación del régimen docente, la demora de 60 días entre el aumento a los estatales y a los jubilados, y la facultad que le dio la ley al Poder Ejecutivo para aumentar las edades jubilatorias si es que se concreta una reforma previsional a nivel nacional.
La reforma jubilatoria, que estableció la emergencia previsional por dos años y prorrogable por otro más, estableció un aporte extra para los activos y los pasivos que perciban más de tres haberes mínimos y con una escala progresiva.
Además, se fijó un tope de 20 jubilaciones mínimas para los pasivos.
Con esta reforma, argumentó el gobierno de Maximiliano Pullaro, se pudo “salvar a la caja”, con un rojo creciente por la decisión del gobierno de Javier Milei de cortar con los anticipos a las provincias para cubrir del déficit de las cajas no transferidas a la Ansés.
La reforma previsional fue aprobada en medio de fuertes choques entre grupos de manifestantes y la policía, apostada en la puerta de la Legislatura. Debido a los incidentes, en ese momento el oficialismo cerró el debate y aceleró la votación.
Amparos en la Justicia
Si bien todavía debe expedirse la Corte Suprema, en las últimas semanas aparecieron en los tribunales señales alentadoras para quienes rechazan la reforma.
A fines de abril, las juezas laborales rosarinas Bárbara Serrat y Paula Colace Vigo hicieron lugar a los recursos de amparo presentados por dos docentes jubiladas.
Las magistradas le ordenaron que interrumpa los descuentos de haberes tras la entrada en vigencia de la reforma previsional y que pague en los próximos 30 días los aumentos que fueron otorgados al sector activo.
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“La afectación del derecho a la seguridad social por la falta de pago de dichos reintegros implica angustia, inseguridad e incertidumbre en cuanto al futuro de una persona mayor por la posible falta de recursos económicos para su subsistencia, ya que la privación de un ingreso lleva intrínsecamente la privación en el avance y desarrollo de su calidad de vida y de su integridad personal. los beneficiarios no pueden ser privados del proyecto de vida que edificaron en la legítima expectativa dada por su tributación durante todo su trayecto laboral.”, subrayó Colace Vigo en su resolución.