El recurso fue firmado por los diputados Senaida Rojas y Juan José Torrez, miembros de Comunidad Ciudadana (CC). La acción legal está dirigida contra la inscripción de la alianza Libre – Libertad y Democracia, liderada por Jorge Tuto Quiroga. Ambos parlamentarios argumentan que el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), parte de Libre, aún tiene un acuerdo vigente con CC.
El portavoz de Libre, Tomás Monasterio, declaró que “la guerra está declarada” y responsabilizó directamente a Samuel Doria Medina. Según Monasterio, la impugnación no busca justicia electoral, sino sacar a Quiroga de carrera por la vía judicial.
Acusó al empresario de seguir el ejemplo del MAS, intentando ganar en mesa lo que no puede ganar en cancha. En su criterio, la alianza con el FRI fue legal y no existen causales para la impugnación. Además, aseguró que la verdadera intención es desacreditar a su candidato.
El documento de impugnación alega que el FRI sigue siendo parte formal de Comunidad Ciudadana, Rojas y Torrez sostienen que no se presentó ningún trámite legal para disolver esa alianza. Según la Ley de Partidos Políticos, un acuerdo como ese solo puede extinguirse mediante resolución expresa presentada ante el TSE. Esa documentación, según los diputados, no existe y por eso consideran ilegal la participación del FRI en una nueva coalición.
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La alianza Libre fue registrada por Quiroga días antes del cierre del plazo para presentar alianzas y su estructura incluye tanto al FRI como al Movimiento Demócrata Social. Los demandantes advierten que la aprobación de esta alianza pone en riesgo la existencia legal de CC. Alegan que si se anula su base jurídica, 52 parlamentarios de CC quedarían sin bancada y esto alteraría el equilibrio de fuerzas en el Legislativo.
Los diputados también incluyeron una advertencia al Tribunal Supremo Electoral, indicaron que iniciarán un proceso penal si no les dan la razón. Acusan a los vocales de incurrir en faltas graves si permiten el registro de Libre, mencionan posibles delitos como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. La amenaza generó preocupación en el ámbito institucional.
Monasterio calificó esa advertencia como un “chantaje político” inadmisible y dijo que se busca desesperadamente impedir el ascenso de Quiroga en las encuestas. Según él, la impugnación es parte de una estrategia diseñada por Samuel Doria Medina. Señaló que este no puede sumar apoyo y busca debilitar a sus rivales por la vía legal, aseguró que Libre responderá con firmeza.
El diputado José Maldonado, del FRI, calificó la impugnación como un acto desesperado de sectores internos de CC. Dijo que el FRI está enfocado en subsanar las observaciones ante el TSE y negó que existan elementos para cuestionar la legalidad de Libre. Rechazó que su organización haya violado normas electorales.
Desde Comunidad Ciudadana, sin embargo, insisten en la vigencia del acuerdo con el FRI. Recordaron que el pacto fue firmado en 2020 y finaliza en noviembre de 2025 e indicaron que la ruptura del acuerdo debe ser notificada. Hasta ahora, aseguran, no hay constancia de que eso haya ocurrido, por tanto afirman que el FRI sigue siendo parte de CC.
¿Se trata de una maniobra política?
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El diputado Torrez afirmó que no responde a intereses de Doria Medina, aseguró que él y Rojas actúan como representantes legítimos de CC. Argumentó que permitir una ruptura sin control legal afectaría la representatividad parlamentaria. En su visión, el MAS podría beneficiarse si la bancada de CC se fragmenta y por eso considera imprescindible preservar la alianza original.
Pese a estas afirmaciones, ambos diputados firmaron un documento con adhesión a Unidad Nacional semanas atrás. La firma fue realizada junto a otros legisladores afines a Doria Medina.
Este hecho fue utilizado por Libre para reforzar su tesis de una acción coordinada. Sin embargo, Doria Medina rechazó categóricamente cualquier vínculo con la impugnación. Dijo no conocer a los firmantes ni haber dado ninguna instrucción.
El líder de Unidad Nacional acusó a Libre de crear enemigos imaginarios y señaló que no pretende ganar elecciones por vía administrativa. También pidió a sus detractores evitar especulaciones sin pruebas. Rechazó las acusaciones difundidas por voceros de Libre.
Monasterio respondió con más dureza tras esas declaraciones. Acusó a Doria Medina de hipocresía y doble discurso. Mostró fotos de los diputados con el empresario como prueba de coordinación política.
El TSE ahora tiene la tarea de definir la validez de la alianza Libre y debe pronunciarse en los próximos días sobre la impugnación. La decisión podría redefinir el mapa electoral rumbo a los comicios generales. El fallo será clave para medir la solidez institucional en el actual clima de polarización.
Esta disputa también evidencia la fragilidad de los pactos entre líderes opositores. La ruptura del bloque de unidad ha derivado en una guerra abierta entre sus antiguos miembros. Las acusaciones cruzadas y amenazas legales marcan una nueva etapa del conflicto.