Adiós a la “Golden Visa”.
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En un contexto marcado por el endurecimiento de políticas migratorias en Europa, con el reciente caso de Giorgia Meloni en Italia tras implementar restricciones al reconocimiento de la ciudadanía por ascendencia, afectando a millones de latinoamericanos con raíces italianas, España es otro país que se suma a la tendencia.
El Gobierno español eliminó definitivamente el régimen especial de residencia conocido como “Golden Visa”, que permitía a extranjeros de fuera de la Unión Europea obtener un permiso para vivir en el país a cambio de inversiones inmobiliarias de al menos 500.000 euros.
La medida, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, busca combatir la especulación y aliviar la presión sobre el mercado habitacional en ciudades como Madrid y Barcelona.
Qué es la Golden Visa
Las “Golden Visa” fueron implementadas en 2013 durante el gobierno del Partido Popular como una herramienta para captar capital extranjero en un contexto de crisis económica.
Permitían residir legalmente en España a quienes invirtieran más de medio millón de euros en inmuebles, depósitos bancarios, bonos del Estado o acciones, sin necesidad de establecer domicilio permanente ni realizar actividad económica.
Sin embargo, a partir de este jueves, la normativa quedó sin efecto tras la publicación del decreto correspondiente. La medida forma parte de una serie de reformas más amplias que el Ejecutivo español impulsa para controlar el alza desmedida del precio de la vivienda.
En total, más de 14.500 extranjeros habían accedido a la residencia a través de esta vía en la última década. La mayoría de las operaciones se concentraron en grandes centros urbanos, con predominio de inversores provenientes de China y Rusia.
¿Por qué eliminaron la “Golden Visa”?
Desde el Gobierno argumentan que este tipo de permisos favorecieron una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario, impulsando los precios en zonas residenciales y restringiendo el acceso a la vivienda para los ciudadanos locales. El presidente Sánchez declaró que «una vivienda no puede ser un mero objeto de especulación, sino un derecho fundamental».
Por su parte, el sector inmobiliario expresó su preocupación por las consecuencias económicas. Según voceros consultados por la agencia EFE, se estima una caída significativa en la entrada de inversiones extranjeras sin que necesariamente se refleje en una baja real de los precios.
Fuente: BAE Negocios
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